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Vox desafía a Sánchez ampliando la Ley de Concordia en la Comunidad Valenciana

Coincidiendo con el ultimátum del Gobierno antes de abrir una batalla judicial contra la Generalitat Valenciana, Vox impulsa medidas para defender a las víctimas del terrorismo y derogar la Ley de Memoria Democrática estatal. 

La diputada de Vox, Ana vega.

La diputada de Vox, Ana vega.

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El Grupo Parlamentario Vox en Las Cortes Valencias, da un paso más en la protección de la memoria de las víctimas del terrorismo. Y lo hace en un momento convulso en el que el Gobierno de España amenaza con llevar ante el Tribunal Constitucional la Ley de Concordia con sello de Vox. El mismo día en el que finaliza el plazo que fijó el Ejecutivo de Pedro Sánchez para "rectificar", Vox contraataca presentando dos Proposiciones No de Ley (PNL) que desarrollan esta ley avanzando medidas concretas.

En la primera se solicita que se designe un Comité de Expertos con competencias en protección del patrimonio cultural y que se apruebe un catálogo de vestigios en la Comunidad Valenciana tras la aplicación de la Ley de Concordia.  En la segunda se exige impulsar los trámites administrativos necesarios para declarar de Interés Cultural los bienes afectados por la Ley de Memoria Democrática.

En una de las iniciativas se pide que se envié un escrito a todos los ayuntamientos para que informen de las calles, placas, honores, monumentos, estatuas, objetos u otros elementos que se encuentren en los edificios o en la vía pública. 

Además, las entidades locales deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger, identificar y difundir los documentos que agrupen a las distintas personas que obtuvieron la condición de víctima, conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana, para protegerlos de su sustracción, destrucción u ocultación.

Vox también pide que se elabore un mapa con los diferentes puntos de interés históricos, en especial aquellos lugares relacionados con las víctimas del terrorismo "para evitar que su recuerdo caiga en el olvido". 

Tras esto, serán establecidos como puntos de interés para la ciudadanía.

A este respecto, la portavoz adjunto, Ana Vega, ha afirmado que “el 11 de julio de 2024 quedó aprobada de forma definitiva por las Cortes Valencianas, una ley que amplia los derechos a todos aquellos españoles que lucharon porque creían que una España mejor era posible. El sufrimiento fue igual para todas las víctimas, sin importar las creencias de cada una de ellas ni el bando en el que estuvieron. Por ello, debemos de dejar de honrar la Segunda República, donde la persecución religiosa y la violencia política formaban parte del día a día y no existía libertad.”

“La Ley de Concordia contempla la elaboración de un catálogo de vestigios que abarquen desde el año 1932 hasta nuestros días para ser protegidos la memoria de las víctimas, su legado y la Historia de España.”

Por otro lado, en la segunda PNL presentada se exige también que se lleven a cabo los diferentes tramites legislativos para derogar la Ley 20/2022 de Memoria Democrática del Gobierno de España -la que, según el argumento del Ejecutivo de Sánchez, se estaría vulnerando por parte de la Generalitat al entrar en contradicción con la Ley de Concordia autonómica- y que se impulsen medidas para evitar la retirada, destrucción o eliminación de construcciones, escudos, placas o insignias situadas en edificios o en la vía pública, tras aplicarse la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana y así mantener intacto el patrimonio histórico nacional.

En esta línea, Vega ha explicado que “el Patrimonio Histórico Español, es uno de los testimonios fundamentales de la identidad de una Nación. Los bienes que lo integran constituyen una herencia insustituible, que es preciso transmitir en las mejores condiciones a las generaciones futuras. Una de las obligaciones fundamentales que tienen los poderes públicos es la protección, la conservación, la investigación y la difusión del conocimiento del patrimonio cultural, material y espiritual". 

Estas propuestas se someterán a debate y a su correspondiente votación en Las Cortes Valencianas. Para su aprobación será necesario que Vox cuente con el apoyo del PPCV. Por el momento, los 'populares' se mantienen prudentes aguardando la reunión bilateral entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat Valenciana que llegará "en los próximos días", según ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

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