Ya se conoce la identidad de 39 personas fallecidas en la DANA
Los equipos forenses avanzan en la identificación de los cuerpos y han practicado ya 162 autopsias.
Un furgón de la funeraria sale de un garaje
Los médicos forenses han realizado desde el pasado miércoles, 30 de octubre, y hasta las 21 horas de este viernes, 162 autopsias a personas fallecidas en la DANA que ha azotado la provincia de Valencia. De esos fallecidos, 39 están plenamente identificados gracias a las huellas dactilares.
Así se recoge en la estadística actualizada del Centro Integrado de Datos (C.I.D.) constituido para hacer frente a la emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas.
Este centro es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones.
En el CID participan expertos de la Comisaría General de la Policía Científica, por parte de la Policía Nacional, y del Equipo de Identificación en Catástrofes (EIC) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que se han desplazado desde Madrid.
Todos los difuntos a los que se les ha practicado la autopsia, cuenten o no ya con informe positivo de identificación, han ido siendo trasladados por la Unidad Militar de Emergencias (UME) desde la Ciudad de la Justicia de València, en cuyos sótanos se centraliza la recepción de las víctimas mortales, hasta la morgue que se ha montado en Fira Valencia.
El Instituto de Medicina Legal de Valencia tiene a su disposición más de 130 efectivos para hacer frente a la emergencia, entre médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales, ayudantes de laboratorio, facultativos y técnicos de autopsia, junto a personal para tramitación.
En ese dispositivo, en el que se hacen turnos rotatorios, participan médicos forenses de diferentes administraciones, tanto autonómicas como del Ministerio de Justicia, que se han desplazado desde Murcia, Cartagena, Albacete, Madrid, Andalucía, Castellón, Alicante o Baleares.
Cada equipo forense dedicado al levantamiento de cadáveres en los diferentes lugares donde se han producido víctimas está compuesto por dos profesionales al que se une después un policía nacional o un guardia civil.
Una vez realizados los trámites necesarios en el lugar donde se encuentra el cuerpo, y asignado a éste un código, el equipo regresa a la base de la Ciudad de la Justicia de València, donde se toman las huellas dactilares y, en todos los casos también, muestras biológicas por si fuera preciso realizar análisis de ADN para su posterior identificación.
Los datos obtenidos durante el levantamiento y la autopsia se cruzan con posterioridad con los datos que hayan podido facilitar los familiares de desaparecidos junto a las correspondientes denuncias de desaparición en las oficinas ante mortem habilitadas para ello en la Jefatura Superior de Policía de Valencia y en las dependencias generales de la Guardia Civil ubicadas en la calle Calamocha de Valencia.
Estos datos e informaciones pueden ir desde una descripción física o una fotografía reciente hasta la existencia de prótesis, cicatrices o tatuajes. En esas oficinas ante mortem también hay forenses y se pueden recabar muestras biológicas de familiares directos de desaparecidos.
En el caso de las huellas dactilares tomadas durante las autopsias, éstas han de ser cotejadas con las que obran en la base de datos policiales relativas a una persona concreta, de la que sospeche previamente por cualquier circunstancia o información adicional que pueda corresponderse con el fallecido.
Cuando la identificación ha resultado positiva, las propias fuerzas de seguridad se ponen en contacto con los familiares para comunicárselo, a fin de que puedan hacer la correspondiente comparecencia judicial y designar a una funeraria que obtenga la autorización de la entrega de los restos mortales y la expedición de la correspondiente licencia de enterramiento.