Gestionar la catástrofe y sus consecuencias

Entre los expertos en tan delicada materia suele sostenerse que las catástrofes rara vez -por no decir nunca- se resuelven con balance positivo. Las catástrofes y sus consecuencias, se gestionan. Lo que, es muy sabido, tampoco resulta nada sencillo encarar con éxito.

Hoy me ocupo de la estrategia institucional de la Generalitat Valenciana, en particular de la enunciada en el eje 3: Servicios sociales y vivienda, que con razonable prioridad establece el realojo de los que literalmente se han quedado en la calle. Las cuestiones instrumentales imprescindibles que tienen que ver con la economía de los damnificados en el propio hábitat familiar y doméstico, se agrupan en dos grandes partidas que encabezan los epígrafes de subvenciones e intermediación bancaria. Y la oportunidad material, física y realista que permite cumplir con la primera aun con la anuencia de las financieras, reside en medios propios, como el Parque de Vivienda Pública de la CV y la malhadada, SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), más conocida como “banco malo”.

Diez días más tarde del inicio de la tragedia valenciana, es todavía muy difícil manejar datos cuantitativos que soporten un marco objetivo y fiable. Casi imposible de prevalecer, en cualquier caso, por encima del humanamente comprensible marco subjetivo que tanto dolor y tanta tristeza provocan.

El primero es capaz de generar no sólo un modelo teórico que reflejará las debilidades y fortalezas del sistema, sino también una estrategia fáctica de reconstrucción, de inmediata y eficiente aplicación. El segundo no tiene otra opción que su superación moral, y en ello queremos estar.

Hemos sabido que -cuando escribo- se han cursado ya algo más de un centenar de peticiones de realojo. Quiero pensar que, aunque aumentará, esta primera cifra de choque es representativa y puede tomarse como referente. La disponibilidad zonal del parque de vivienda pública autonómico, que tampoco se ha librado del alcance devastador, cuantificada en dos centenares, se nutre fundamentalmente de la oportunidad de ocupar, muy en breve, el edificio de 184 viviendas que se acaba de terminar precisamente en La Torre.

Parece ser -no he podido contrastarlo- que la SAREB, cuya titularidad no es autonómica sino estatal, dispone de otro centenar más de viviendas en condiciones de habitabilidad inmediata en entornos cercanos.

En mi humilde opinión, de la combinación de todos estos datos se deduce la urgente necesidad de contar con viviendas de emergencia de ocupación transitoria y reducida. Con toda probabilidad industrializadas, prefabricadas y desmontables. Aunque no son la única herramienta. Sé que se está indagando en las oportunidades que pueden ofrecer determinadas Sociedades de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) sin ánimo de lucro.

En aplicación del Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana, que sin variaciones sustanciales viene cursando desde la última década del pasado siglo, más de 500 arquitectos se han registrado para evaluar y clasificar los daños en un dictamen que el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) trasladará al ayuntamiento correspondiente, que designará la persona responsable del expediente a nivel municipal. Todo con la debida agilidad.

No quiero olvidar entre las herramientas que facilitarán metodologías de intervención en el territorio y de eficiencia en el reparto de recursos y ayudas, la actualización cartográfica para la que el Instituto Cartográfico Valenciano tiene probada capacidad. Ni, como me recomienda un colega, la hidrogeología y la problemática que el lodo en los sistemas no separativos de alcantarillado y saneamiento puede provocar en las depuradoras.

Ya me duele escribir con esta aparente frialdad. Creo honestamente que es el camino que con dolor nos toca recorrer ahora. Y hay que prepararse para el paso siguiente, cuando el entusiasmo decaiga y aflore el cansancio