La Fiscalía pone negro sobre blanco que el Barça compraba a los árbitros
El Ministerio Público confirmó que el Barça pagó 7,3 millones a Negreira "para realizar actuaciones tendentes a favorecerle en la toma de decisiones arbitrales en los partidos que disputara"
Sandro Rossell y Josep María Bartomeu, en una imagen reciente.
La Fiscalía ha presentado este viernes una denuncia contra el FC Barcelona por presunta corrupción en pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. La denuncia, consultada por Europa Press, también se dirige contra el propio Negreira, contra los expresidentes blaugranas Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, y los exdirectivos del club Óscar Grau y Albert Soler. La Fiscalía denuncia los presuntos delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental.
Según consta en la denuncia, el Barcelona, a través de los ex presidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, alcanzó un “acuerdo verbal estrictamente confidencial” con Enríquez Negreira “a fin de que, en su calidad de Vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club, y así en los resultados de las competiciones; árbitros cuya designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se llevan a cabo en el seno del CTA, organismo encargado, además, de las evaluaciones –en las que participaba el denunciado- para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales”.
7,3 millones de euros
Desde 2001 a 2018, periodo en que duró la relación entre club y dirigente arbitral, el Barça abonó a Enríquez 7,3 millones de euros, según la Fiscalía. “Ello supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del Club ni aprobada por la Asamblea General por lo que carecía de título que lo justificara. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno”, concluye el escrito del Ministerio Público.