La irresponsabilidad de Susana Díaz en el escándalo de Abengoa
Empiezan a alzarse voces pidiendo una intervención del Ejecutivo ante la pasividad del PSOE de Andalucía, que se escuda en que se trata de una empresa privada tras años de subvencionarla.
Susana Díaz.
Tic tac. Abengoa se juega su supervivencia en la reunión que este miércoles mantiene con los bancos acreedores, muy reacios a inyectar los 450 millones de euros que, por lo pronto, la compañía andaluza pidió el viernes para no entrar en suspensión de pagos.
Lo malo es que, aunque la banca ceda, esa nueva línea de crédito supondría un mero analgésico para un enfermo crítico que sigue sin tocar fondo en la Bolsa -se ha desplomado otro 40% en cuatro sesiones- y que ya ha empezado con los despidos.
Ése precisamente, el futuro de una plantilla de 26.000 trabajadores, 7.000 de ellos en España, es el asunto que más preocupa al Gobierno. Cuya ministra de Empleo, Fátima Báñez es precisamente andaluza y número uno del PP por Huelva al Congreso. Y también es andaluz el de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Tal es así que empiezan a alzarse voces pidiendo una intervención del Ejecutivo en la crisis de Abengoa ante la pasividad del PSOE de Andalucía, que se escuda en que se trata de una empresa privada para mirar para otro lado tras años de engordarla con subvenciones millonarias.
Todo lo más que ha hecho Susana Díaz es apelar a la responsabilidad social de los bancos acreedores para que mantengan con vida la única gran compañía andaluza en medio de un desierto empresarial. Pero, ¿qué pasa con el dinero público que ha recibido Abengoa incluso después de que la CNMV, la agencia Moodys' y Deloitte dieran las primeras voces de alarma?, ¿Ante eso no tienen nada que decir la presidenta andaluza ni su consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado?
El PSOE no quiere que en plena campaña la crisis de Abengoa le estalle en las manos en la única comunidad en la que, según las encuestas, los socialistas quedarán muy por delante de Ciudadanos (que está pagando su apoyo al Gobierno de Díaz).
Así que, aunque se trate de una firma privada la única acción política posible pasa por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Para deferder a los trabajadores y el interés público de una compañía española puntera en el mundo.