El Gobierno recurre al arbitraje para poner fin al conflicto de El Prat

Así lo anunciaba el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, presidido por Mariano Rajoy, que ha acordado activar un arbitraje obligatorio, tras valorar el conflicto laboral en El Prat ante una huelga de 24 horas indefinida y tras haber fracaso el proceso de mediación, tal y como recoge el art. 10 del Real Decreto 17/977 del 4 de marzo sobre relaciones de trabajo.

El titular de Fomento ha recalcado que el Gobierno entra a poner fin a un conflicto laboral entre Eulen, contratista de Aena, y sus trabajadores en El Prat, una vez fracasada la mediación de la Generalitat de Cataluña, como autoridad laboral, tras el rechazo de la plantilla en sendas asambleas, y cuando “ya no hay otra vía legal” para poner solución a la huelga, tras analizar varias las distintas alternativas. “Ya no había otra vía, desde el punto de vista legal, que analizar un arbitraje y establecer el procedimiento del laudo arbitral de obligado cumplimiento para poner fin al conflicto”, ha remachado.

De la Serna ha explicado que la decisión del arbitraje, de carácter excepcional y con unas características muy concretas, deberá ser resuelta en el plazo de 10 días desde su designación, plazo que empezará a contar al día siguiente, y ha reiterado que si no hay consenso entre las partes sobre un árbitro, éste será designado a propuesta del Ministerio de Fomento y comunicado a las partes a fin de “garantizar la imparcialidad” del acuerdo que ponga fin a la huelga en El Prat, el segundo de la red Aena.

Preguntado por si el Gobierno ha trasladado ya a las partes su decisión de activar el proceso de arbitraje de obligado cumplimiento para resolver el conflicto, De la Serna ha indicado que su intención es “acelerar los plazos para acortar el conflicto” y poner fin a la huelga indefinida en los controles de seguridad de El Prat.

“Escrupuloso respeto a la huelga”.

El titular de Fomento ha reiterado que esta decisión se ha tomado tras valorar las consecuencias jurídicas de iniciar un arbitraje de obligado cumplimiento, entre ellas la duración de la huelga y la prolongación del conflicto, las posturas “irreconciliables de las partes” tras el rechazo a una propuesta de 200 euros mensuales en 12 pagas –ante una diferencia de más del 50% en la propuesta salarial del mediador– y desde el “más escrupuloso respeto al derecho de huelga”.

“Estamos ante uno de los aeropuertos más importantes de España, uno de los primeros países destino de turistas”, ha dicho De la Serna, que ha señalado que esta decisión hay que enmarcarla teniendo en cuenta “los importantes problemas que este conflicto está generando a la economía, al sector turístico y a la imagen del país”.

De la Serna, que ha destacado que los servicios mínimos fijados en el 90% por la Delegación del Gobierno en El Prat se están cumpliendo desde el inicio de la huelga indefinida, y ha justificado de nuevo el despliegue de la Guardia Civil para garantizar “el orden público en la seguridad”, en función de los propios informes de la Benemérita, teniendo en cuenta que los aeropuertos son una estructura estratégica.

“La dimensión de El Prat –segundo de la red de Aena por detrás de Madrid-Barajas– y el número de pasajeros hacen del aeropuerto de Barcelona un aeropuerto único en una situación de alerta 4″, ha añadido.

Dicho despliegue, ha recalcado, ha permitido que el aeropuerto de Barcelona vuelva a recuperar la normalidad, como se ha constatado en estos tres días de huelga indefinida. Ante las críticas vertidas por los sindicatos sobre una posible vulneración del derecho de huelga de los trabajadores, De la Serna ha señalado que la Guardia Civil no está sustituyendo al personal de seguridad y se limita a realizar las acciones que le competen.

Eulen, Prosegur e ICTS Hispania se ocupan de las tareas de seguridad en los filtros de control de pasajeros y equipajes en el 94% de los aeropuertos españoles, según datos de Aena que indican que estas compañías prestan servicios en 45 de los 48 aeropuertos de la red.

Otros laudos

Esta no es la primera ocasión en la que el Gobierno recurre a un laudo arbitral para garantizar la seguridad de un servicio público ante un conflicto laboral. En el conflicto de los controladores aéreos del año 2010, ante las bajas médicas masivas, tras la regulación de la jornada laboral y la privatización de 13 torres de control, la situación derivó en el conocido como ‘plante’ –pues no hubo convocatoria formal de huelga– que acabó desencadenando en el cierre total del espacio aéreo los días 3 y 4 de diciembre de hace casi siete años.

Para normalizar el servicio de transporte aéreo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapaterodecretó el estado de alarma por primera vez en la historia de España y dejó en manos de la autoridad militar la orden de obligar a los controladores a volver a sus puestos de trabajo. El Gobierno designó en enero de 2011 al exministro de Trabajo en el primer gobierno del PP, Manuel Pimentel,como mediador del conflicto de los controladores y dictó un laudo de obligado cumplimiento.

Asimismo, el conflicto del año 2013 entre los pilotos de Iberia y la aerolínea por la creación de la filial de ‘low cost’ Iberia Express también acabó con dos laudos dictados en mayo y diciembre de 2012.

El Gobierno de Mariano Rajoy designó como mediador entre las partes al expresidente del Consejo Económico y Social (CES), Jaime Montalvo, que dictó un laudo en mayo de 2012, anulado por la Audiencia Nacional por no haber escuchado a Iberia Express, y otro en diciembre, recurrido por Iberia y su filial.

Finalmente, el conflicto se resolvió gracias al acuerdo de productividad alcanzado entre las partes en febrero de 2014, que permitió a la ‘low cost’ aumentar flota, contratar más tripulación y mejorar condiciones laborales. El Tribunal Supremo acabó anulando los dos laudos.

Más recientemente, el Ejecutivo nombró el pasado mes de febrero al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, como mediador en la negociación que patronal y sindicatos de la estiba sobre la reforma del sector. Los sindicatos de estibadores y la patronal del sector Anesco alcanzaron un acuerdo el pasado 29 de junio tras cinco meses de conflicto debido a la liberalización del sector llevada a cabo por el Gobierno a exigencias de la Comisión Europea.