Bruselas da el visto bueno a nuestros presupuestos

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 cumplen "en términos generales" con las reglas fiscales comunitarias a pesar de que el déficit público este año será del 2,7%, una décima más que lo previsto anteriormente y cinco décimas por encima de la meta pactada con la Unión Europea. Y es que las previsiones de primavera prevén que el déficit nominal de España esté por debajo del valor de referencia del 3% en 2018.

Sin embargo, Bruselas ha pedido al Gobierno presidido por Mariano Rajoy que esté preparado para adoptar “medidas adicionales” si fuera necesario para asegurar que el presupuesto de 2018 cumple con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En un documento comentando el presupuesto español, Bruselas pone el acento sobre las subidas de las pensiones pactadas durante los últimos meses, que, junto con el retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, “pone en cuestión” el compromiso de España para reformar el sistema de pensiones. “Generalmente no recomendamos revertir las reformas de las pensiones y esperamos que sigan aplicándose”, ha señalado en una rueda de prensa el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, quien además ha pedido “tener en cuenta la sostenibilidad a largo plazo” del sistema de pensiones.

Así, Bruselas ha advertido de que los principales riesgos vienen por la posibilidad de que las contribuciones sociales “no alcancen los niveles previstos” y por el hecho de que los pagos a los empleados públicos sean superiores a lo previsto.

Para 2019, recomienda al Gobierno un esfuerzo estructural equivalente al 0,65% del PIB, que corresponde a unos 7.000 millones de euros. “Recomendamos asegurar que el crecimiento nominal del gasto público neto primario no excede el 0,6% en 2019, correspondiendo con un ajuste estructural anual del 0,65% en 2019”, expone Bruselas.

Ésta es la primera de las recomendaciones que ha propuesto al Gobierno español dentro del llamado “paquete de primavera” del semestre europeo. En este contexto, también ha pedido a España aumentar la inversión en I+D y realizar evaluaciones sistemáticas sobre estos gastos para garantizar su eficiencia, incrementar la cooperación entre el sistema educativo y las empresas para “mitigar los desajustes existentes” en el mercado laboral y aplicar la ley de unidad de mercado a todos los niveles de gobierno.

De la misma forma, ha recomendado asegurar que los servicios de empleo y sociales tienen la capacidad de dar un apoyo “efectivo” a las personas que buscan empleo, así como mejorar la transición hacia contratos indefinidos. Con respecto a las políticas sociales, ha pedido que mejore el apoyo a las familias, que reduzca las “disparidades” en el acceso a rentas mínimas garantizadas, que actúe contra el abandono escolar temprano y que elimine las diferencias entre los resultados educativos de las comunidades autónomas.