13 millones de trabajadores para sostener a 14 millones del sector público

Un desbarajuste insostenible: 13 millones de trabajadores sostienen a cerca de 14 millones de ciudadanos que trabajan o se mantienen por el sector público. Y la prioridad, sin embargo, es el segundo: el solemne anuncio de la subida salarial en el funcionariado, anunciado por Sánchez en Barcelona y aprobada también antes por Rajoy, confirma quiénes van primero.

Nuestro país cuenta, en la actualidad, con más de un receptor de rentas públicas por cada trabajador del sector privado debido al progresivo envejecimiento de la población, el aumento del paro tras el estallido de la crisis y el abultado peso del empleo público.

Como consecuencia, "existe una creciente brecha entre los ciudadanos que obtienen sus remuneraciones del mercado a través de transacciones voluntarias y productivas basadas en el mutuo beneficio y quienes las obtienen de manera directa o indirecta de las Administraciones Públicas", según advierte un reciente informe de la consultora Freemarket bajo el título Las dos Españas "de verdad".

En concreto, casi 14 millones de personas viven del sector público mientras que poco más de 13 millones trabajan en el sector privado, una división que, sin duda, pone en un brete la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo.

El envejecimiento poblacional elevará la factura de las pensiones públicas, la sanidad y la dependencia, al tiempo que se irá reduciendo el número de contribuyentes por la ausencia de relevo generacional. Este escenario no sólo tendrá graves consecuencias económico-financieras, sino que constituye una "potencial fuente de conflictividad" entre la población ocupada en actividades de mercado, cuya presión fiscal amenaza con seguir creciendo, y aquellos cuyas rentas dependen del sector público.

España cuenta con cerca de 8,8 millones de pensionistas con prestación contributiva, sin contar las no contributivas y los subsidios asistenciales, casi 1,2 millones más que en 2007, cuando estalló la burbuja crediticia. El coste de las pensiones rondará los 145.000 millones de euros en 2018, equivalente al 12,5% del PIB y el 41% de los Presupuestos Generales del Estado. Esta factura se ha triplicado desde los 45.340 millones registrados en 1996 y ha crecido en casi 50.000 millones de euros desde 2008.

El coste neto de las pensiones, una vez restado el IRPF que pagan sus beneficiarios, ascendió a 8.233 euros por trabajador en 2017 y a 10.198 euros si tan sólo se cuentan los asalariados del sector privado.

Por otro lado, hoy por hoy, el antiguo Inem todavía registra casi 1,8 millones de personas que están en paro y tienen derecho a cobrar una prestación, ya sea contributiva o asistencial, aunque su número se ha reducido casi a la mitad en los últimos años gracias a la recuperación económica.

La creciente plantilla del sector público

Por último, la Encuesta de Población Activa (EPA) contabiliza cerca de 3,1 millones de empleados públicos. Sin embargo, el registro oficial de personal que elabora el Gobierno contabiliza un total de 2,4 millones en la actualidad. Su número se ha reducido desde el máximo histórico alcanzado en 2010 (2,6 millones), pero los dos últimos años presenta, nuevamente, una senda ascendente tras el aumento de plazas ofertado por las diferentes Administraciones Públicas.

Como resultado, un total de 13,7 millones de españoles reciben sus ingresos del Gobierno central, de las autonomías y de los ayuntamientos frente a los 13 millones que trabajan en el sector privado, de modo que dependen de las Administraciones Públicas casi 700.000 ciudadanos más de los que lo hacen de la actividad privada.

El coste neto de mantener pensionistas, parados y empleados públicos asciende a un total de 19.127 euros al año por cada trabajador del sector privado o, lo que es lo mismo, 1.594 euros al mes de media. Y un último dato para la reflexión: la deuda pública se mantiene en torno al 100% del PIB y se ha cuadruplicado durante la crisis: la privada, se ha reducido a la mitad en años especialmente duros para pequeñas empresas y familias.