La “Operación Trampa” enmaraña más al BBVA

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que ha abierto una pieza secreta –la novena– para investigar la “operación Trampa”, ha enviado esta mañana a la Policía Nacional a las instalaciones de la publicación digital Moncloa.com y de Elconfidencial.com para que estos medios entreguen “todo el material relacionado” con la contratación por parte del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) a Grupo Cenyt, propiedad del excomisario José Manuel Villarejo, en relación con la operación que quiso realizar la constructora Sacyr para tomar el control del banco.

El Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional reclama en la citada orden todo el material ya publicado en las ediciones de los días 9 de enero y siguientes, así como el que aún no se haya publicado y obre en poder de estos medios de comunicación.

El juez precisa que la petición del material se realiza “sin perjuicio del derecho constitucional” que asiste a los citados medios “en orden a la protección de la fuente de obtención del material tanto del ya publicado como del que se encuentre pendiente de publicación”.

Según las fuentes consultadas, sobre las 12:30 horas del mediodía de hoy se ha personado un agente de Asuntos Internos de la Policía Nacional en ambas redacciones con un requerimiento judicial para requisar el material que ha nutilizado para publicar las informaciones relativas al espionaje realizado por el excomisario Villarejo, contratado por el BBVA, en relación con la operación que preparaba Sacyr para hacerse con el banco presidido por Francisco González y que tuvo lugar durante los primeros años del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Abundante documentación

Las publicaciones están recopilando el material que solicita el juez, que estaría en torno a los 4.000 documentos, incluyendo entre ellos audios y fotos, entre otros.

Desde el pasado 9 de enero han venido publicando una serie de documentos que acreditarían que el BBVA presidido por Francisco González habría contratado a la empresa Cenyt, propiedad de Villarejo, para labores de información sobre las maniobras que estarían desarrollando entre otros, Sacyr y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para tomar el control del consejo de administración del Banco. Lo bautizaron como ‘Operación Trampa’.

Si en un primer momento se publicaron los documentos que acreditaban la existencia de aquel contrato, en días sucesivos se reveló que los trabajos de Villarejo para el banco, con su responsable de seguridad, Julio Corrochano Peña, como intermediario, abarcaban pinchazos telefónicos de hasta 4.000 números, con 15.000 llamadas intervenidas y entre ellas, comunicaciones del entonces director de la Oficina Económica de La Moncloa, Miguel Sebastián, y la que era vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

En aquellas llamadas intervenidas constan asimismo pinchazos a medios de comunicación, ejecutivos de otras entidades financieras y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Precisamente, este martes publica una serie de fotografías que acreditarían seguimientos físicos al entonces ‘número dos’ del regulador, Carlos Arenillas, del que se habría proporcionado al banco información sobre sus movimientos en coche y su domicilio.

Entre tanto, el nuevo presidente del BBVA, Carlos Torres, ha publicado una carta interna dirigida a la comunidad de esta entidad financiera en la que reconoce que se contrató al Grupo Cenyt y que tras abrir una investigación interna el pasado mes de junio, cuando AUSBANC denunció la existencia de relaciones entre el banco y Villarejo, “no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas” de las que hablan.

La ‘Operación Trampa’ constituye la novena pieza del caso Tándem, que investiga las actividades presuntamente ilícitas de Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017, sospechoso entre otros de delitos de organización criminal, cohecho, extorsión y blanqueo.

La instrucción arrancó a partir de las pesquisas sobre tareas que el comisario jubilado habría desarrollado para políticos de Guinea Ecuatorial, pero el ingente material informático y documental que se le intervino ha puesto sobre la mesa todo tipo de ‘trabajos’ que habría desarrollado prevaliéndose de su condición de Policía Nacional.