Otra palo para Calviño: subir el salario mínimo costará 160.000 empleos

Son muchos los organismos y entidades que han avisado al Gobierno de los efectos negativos de subir sin medida el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), desde el Banco de España hasta la AIReF. Y todas las advertencias han caído en saco roto. Hasta el punto que la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha llegado a afirmar que el histórico aumento del SMI a 900 euros al mes, un 22,3% más en un solo año, tendrá un impacto "neutro" sobre el empleo.

Pero a las reservas expresadas por entidades públicas, se suman también ahora las privadas. Es el caso del servicio de estudios del banco BBVA. En un informe publicado sobre la situación económica de España, señala que "el impacto que puedan tener algunas de las políticas implementadas por el Gobierno es incierto. Por ejemplo, aunque a priori se espera que el aumento en el Salario Mínimo Interprofesional contribuya a reducir la desigualdad salarial, lo cierto es que en realidad esta medida puede incrementar las diferencias en ingresos, como resultado de la previsible destrucción de empleo que se observaría".

En particular, "se espera un impacto negativo en la creación neta de empleo entre 20.000 y 75.000 puestos de trabajo durante 2019, mientras que a medio plazo, y en ausencia de incrementos en la productividad que lo compensen, el impacto podría ser mayor y superar los 160.000 empleos. Esto afectaría a colectivos especialmente vulnerables, además de a sectores y regiones especialmente expuestos a la utilización de contratos ligados al SMI", advierte.

Se dispara el déficit público

Por otro lado, BBVA afirma que "la incertidumbre sobre la política económica se mantiene elevada". De hecho, los técnicos de la entidad estiman que las dudas sobre la agenda del Gobierno vienen restando 0,3 puntos porcentuales al crecimiento económico desde el año 2016. Ese menor dinamismo se traduce en una merma cercana a los 10.000 millones para los años 2016-2018.

La tendencia podría agravarse en 2019, puesto que BBVA ha comprobado que, en los últimos trimestres, "se ha producido un deterioro en la inversión en la compra de vivienda que ha coincidido con algunos cambios regulatorios que afectan al sector inmobiliario". El informe del servicio de estudios critica las dudas que despertó la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, así como las dudas que están generando las modificaciones introducidas por el gobierno en la ley del alquiler.

"Adicionalmente, la decisión de volver a ligar el incremento en las pensiones de acuerdo a la variación del IPC, sin alternativas que aseguren la sostenibilidad del sistema, introduce incertidumbre sobre el futuro del sistema. Todo esto, en un entorno donde no existe certeza sobre la aprobación de los Presupuestos de 2019", recuerda el documento.

De hecho, BBVA considera que, "incluso si se implementaran los PGE para 2019, las medidas anunciadas por el Gobierno central y el resto de las Administraciones no serán suficientes para cumplir con el objetivo de déficit del 1,3% del PIB. Esto, sin tomar en cuenta el fuerte crecimiento de gasto público que se está produciendo y que podría intensificarse al aproximarse el ciclo electoral".

Así, el informe calcula que "el desequilibrio en las cuentas públicas se mantendría entre el 2,0% y el 2,3% del PIB".