El Caso Villarejo salpica a Distrito Castellana Norte
La gestora del desarrollo inmobiliario más importante de nuestro país ha cesado a su presidente, Antonio Béjar, por estar investigado en la causa contra el BBVA, donde fue jefe Inmobiliario.
Distrito Castellana Norte (DCN), la empresa encargada de la Operación Chamartín y participada por el BBVA ha anunciado el despido de Antonio Béjar ya que figura como investigado en el caso Villarejo. El cese se produce tan solo a tres días de que el Ayuntamiento de Madrid apruebe en pleno el proyecto de Madrid Nuevo Norte. El plan verá la luz tras 25 años desde su arranque.
La semana pasada declaraba ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre la supuesta contratación que BBVA realizó durante una década de los servicios de Cenyt, grupo empresarial del comisario, para espiar a diferentes personas con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr.
Parte de la declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha estado centrada en la supuesta orden que dio Distrito Castellana Norte el pasado mes de junio para destruir documentación relacionada con los contratos entre Villarejo y el banco.
Béjar ya declaró como investigado el pasado 4 de julio, cuando reconoció que la empresa Cenyt estuvo contratada como proveedora en este departamento entre los años 2010 y 2013 para localizar morosos. No obstante, incidió en que desconocía que la sociedad fuese propiedad del comisario jubilado, según fuentes conocedoras de esa declaración.
Sólo respondió a preguntas de su abogado y aseguró que no conocía personalmente a Villarejo y nunca habló con él mientras trabajó en el BBVA. Asimismo, recalcó que durante este tiempo que trabajó para la entidad financiera siempre actuó conforme a las normas legales y a los códigos internos del banco, que a su vez se ajustaban a una estricta legalidad.
La Fiscalía pide imputar al BBVA como persona jurídica. El juez de la Audiencia Nacional investiga dentro del caso Tándem los servicios de espionaje encargados al grupo empresarial de Villarejo a partir de 2004 por parte del banco con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr, para frenar el desembarco de la constructora en el Consejo de Administración de BBVA. Según la investigación el excomisario habría percibido durante 13 años una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.
En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos el ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, a quien el juez dejó en libertad bajo fianza de 300.00 el pasado 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto. Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos de cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González .
Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero. También están investigados el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.