Iglesias se anota otra victoria con su "escudo social" ahora con los alquileres
El Gobierno sigue lanzando su artillería de dinero público. Este martes, el Consejo de Ministros aprueba una nuevo decreto que prohíbe los desahucios y financia arrendamientos.
Sánchez e Iglesias, en el Consejo de Ministros.
La visión más populista de Podemos y el "escudo social" del que tanto presume Pablo Iglesias, a cuenta de una chequera pública amenazada de muerte por la crisis del coronavirus, ha vuelto a imponerse en los debates internos del gobierno de coalición.
No era tampoco este decreto sobre los alquileres muy bien visto por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, pero sus tesis más ortodoxas han vuelto a ser desautorizadas. Y eso que hace apenas unos días, Calviño recordó que al otro lado de un inquilino, en la mayoría de las ocasiones hay un ciudadano, no un banco ni un fondo de inversión. Por eso defendía que las medidas a adoptar fuesen aprobadas en beneficio de los realmente necesitados.
Pero el Ejecutivo ha cerrado un plan para el mercado del alquiler que aprobará en el Consejo de Ministros de este martes que prevé una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas, y la suspensión de desahucios durante seis meses una vez acabe el estado de alarma en determinados supuestos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros.
El plan incluye una línea de microcréditos avalados por el Estado de unos 100 millones de euros para quienes tengan su piso alquilado a particulares o pequeños propietarios y una moratoria de hasta cuatro meses en el pago de la renta para los inquilinos de grandes tenedores de viviendas.
Según han informado fuentes del Ejecutivo, toda persona desempleada, afectada por un ERTE, reducción de jornada o autónomo que no llegue al límite de tres veces el IPREM (incrementado por hijos y personas dependientes a cargo), podrá acogerse a los programas de microcréditos.
En el caso de que la vivienda sea propiedad de un gran tenedor o fondo de inversión, el inquilino se beneficiará o de una quita de la deuda del 50% o de una reestructuración de la misma en un plazo de dos o tres años, pudiéndose acoger en todo caso a la línea de crédito del ICO.
Aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO.
La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal, e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos.