Las ayudas económicas del fondo de recuperación europeo exigen a España medidas
El ejecutivo socialcomunista del PSOE y Podemos va a tener que tragar con imposiciones enfocadas fundamentalmente a flexibilizar el mercado laboral y a aumentar la disciplina fiscal.
Tras largas jornadas de negociaciones en el seno de la Unión Europea, Bruselas llegó a un acuerdo para la constitución de un gran fondo de recuperación económico, dotado con 750.000 millones de euros, de los que 390.000 se desembolsarán en subvenciones y 360.000 en préstamos. El objetivo es ayudar a los países más afectados por la pandemia de la COVID-19.
Sin embargo, estas inyecciones no serán incondicionales. En el caso particular de España, que recibirá un total de 140.000 millones de euros, el Gobierno de Pedro Sánchez asume que su aceptación no será gratuita, y España va a tener que adaptar determinadas reformas, particularmente en el terreno laboral y de las pensiones.
De hecho, el acuerdo permite que cualquier estado miembro de la Unión Europea pueda frenar los fondos para España (y, en general, para cualquier otro país) si considera que no estamos cumpliendo las recomendaciones comunitarias, que básicamente se orientan hacia un mayor grado de flexibilidad laboral y disciplina fiscal.
La derogación de la reforma laboral quedará relegada a un segundo plano
Entre las principales reformas que se van a quedar en un cajón destaca la derogación parcial de la reforma laboral, una promesa electoral del PSOE y Unidas Podemos que, incluso, fue acordada con Bildu en el marco de los acuerdos para la prórroga del estado de alarma. Sin embargo, todo apunta a que finalmente, quedará suspendida por este acuerdo.
Así, ideas que hasta ahora se manejaban como la reforma del despido y de la subcontratación, la vuelta a la ultra actividad de los convenios o el reforzamiento de la negociación colectiva quedan en el alero, con bastantes posibilidades de suspenderse, al menos, hasta 2022.
¿Qué ocurrirá con las pensiones?
El segundo gran caballo de batalla serán las pensiones, asunto sobre el cual el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya presentó una propuesta para salvaguardar las pensiones públicas y evitar la bancarrota de la Seguridad Social. El problema es que las reformas que el sistema necesitaba se han paralizado por falta de acuerdo político, un asunto que vuelve a estar en la mesa de diálogo en el marco del Pacto de Toledo.
Hay que recordar que las pensiones de jubilación son, de largo, la partida más onerosa de los Presupuestos Generales del Estado, y España tendrá que hacer un gran esfuerzo en esta materia si quiere contentar a Bruselas y evitar que el déficit se dispare, especialmente porque, en 2023, se producirá un importante incremento de las prestaciones derivado del baby-boom español.
Las consecuencias sobre una futura jubilación
No cabe duda que esta situación supone un grave perjuicio para los futuros pensionistas. No hay otro remedio. Por eso, cada vez son más las voces que abogan por la necesidad de ahorrar, y de complementar los ingresos de la jubilación.
Los fondos de inversión y los planes de pensiones se han erigido como productos estrella, pero la actual emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y la consecuente volatilidad de los mercados financieros han provocado que muchas personas, especialmente aquellas con un perfil más conservador, hayan descartado este tipo de instrumentos para pensar en su futuro retiro.
Ante la situación de incertidumbre, los depósitos europeos de entidades bancarias reconocidas se perfilan desde principios de año como una interesante opción para el ahorro. Es importante encontrar aquellos que ofrecen una mejor rentabilidad, como es el caso de Raisin, donde destacan propuestas como J&T Banka que alcanza un 1,28% TAE a 3 años.