¿Más teletrabajo en una Administración Pública desaparecida durante la pandemia?
La nueva Ley de Teletrabajo hará la vida más sencilla para el funcionario. Pero no está claro que también al ciudadano, al trabajador por cuenta ajena o a las empresas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
El Gobierno y los sindicatos ya han firmado una ley de teletrabajo que permitirá hasta a 2.5 millones de empleados públicos trabajar desde casa. Una medida extensiva a las empresas privadas, donde es mucho más compleja su aplicación; que se ha aprobado en el Consejo de Ministros este martes.
Habrá que ver cómo se aplica en cada caso, pero hasta el 30% de la jornada laboral podrá hacerse por ese sistema. Claro, habrá quien piense que si ya es difícil recibir la atención cuando el funcionario esté presente, va a ser imposible cuando encima esté en su casa. Es como el chiste, no siempre justo, que define a algunos empleados públicos:
- ¿Es el jueves cuando no trabajáis?
- No, eso es el resto de la semana. Los jueves además no vamos.
El teletrabajo ha venido para quedarse. No tiene por qué perjudicar a la productividad en determinados sectores. Y además facilita la conciliación con la vida personal. Así dicho, todo pueden ser ventajas si está bien hecho.
Pero lo que hemos visto en demasiadas instancias públicas es que, durante la pandemia, no había atención presencial ni la había telemática. ¿Por qué de repente eso va a cambiar? Las casi unánimes quejas sobre la desatención en la Seguridad Social, Hacienda, el SEPE y tantas otras instancias públicas, durante todos los meses de pandemia, ponen bajo sospecha esta medida.
Que además se haya acordado incorporar un suplemento económico para dotar al empleado público de recursos en su casa, ahonda en la sensación de que se está pensando más en el bienestar del trabajador que en la eficacia del servicio. Habrá de todo, sí; pero las sospecha sobre el rendimiento en algunos servicios es tan sólida como el agradecimiento hacia otros.
En 2.5 millones de empleados públicos con plaza, más otros 700.000 contratados de distintas maneras por la Administración, cabe de todo: la mitad son médicos, enfermeras, policías, bomberos, militares, profesores o personal de Hacienda. Se lo merecen todo, y desde luego mejor retribución.
Pero hay otra mitad que no están en servicios esenciales. Y muchas veces sus puestos son artificiales y obligan a mantenerlos a ellos y a la institución que crearon, sin ninguna necesidad, para engordar el sector político clientelar. Lo que el profesor Gay de Liébana, crítico con esta ley para el momento actual, define como la "industria política". La única sin ERTES desde marzo.
¿Un avance o un problema?
Y en un país donde demasiados millones de personas, hasta el 20% de la población activa, ni va a poder trabajar ni teletrabajar, según las previsiones del Banco de España, y casi se conforma ya con estar al menos en un ERTE; aprobar estas medidas sin estudiarlas mucho puede ser una osadía.
Cuando no una afrenta a tanto trabajador y tanta empresa que están sufriendo hasta la extenuación y quizá se encuentren con una puerta cerrada, un teléfono que nadie coge o una web colapsada, como ahora ocurre ya en tantos servicios públicos.
Y abre algunas dudas inquietantes. ¿Se abaratarán los salarios en determinados sectores al poderse contratar a "teletrabajadores" de otros países con retribuciones más bajas? ¿Cómo afectará la medida en ámbitos comerciales, con la golpeada hostelería la ausencia de trabajadores que ya no irán a su oficina?
