El 25% de los proyectos del Gobierno son deficientes

El examen del Tribunal de Cuentas sobre las normas de los ministerios del área político-administrativa ha puesto de manifiesto que uno de cada cuatro proyectos del Ejecutivo presenta deficiencias en sus informes complementarios, ya sea en las memorias de impacto normativo o en los estudios sobre los efectos económicos de las medidas.

La fiscalización abarca normas de los Ministerios de Exteriores, Justicia, Defensa, Interior, Educación Cultura, Ciencia, Presidencia y Política Territorial, y especialmente examina la labor de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa que depende de la Vicepresidencia de Carmen Calvo.

El objetivo era verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a las actuaciones administrativas encuadradas en el ámbito de la evaluación previa de su impacto normativo, reflejadas fundamentalmente en las Memorias del Análisis de Impacto Normativo.

De entrada, en los expedientes normativos examinados el Tribunal de Cuentas ha visto que «no existe acto formal de incoación» de los mismos, por lo que no tiene certeza suficiente sobre el momento de su inicio, lo que tiene «especial relevancia» al determinar la normativa aplicable al contenido de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

Estas Memorias del Análisis de Impacto Normativo son los documentos que garantizan que la elaboración y aprobación de un proyecto cuenta con toda la información necesaria para estimar el impacto que la norma supondrá para sus destinatarios y agentes. Pero según desvela el Tribunal, el Consejo de Ministros aún no ha adaptado la Guía Metodológica para la redacción de estas memorias al decreto que las reguló en 2017.

Sin justificación  ni análisis

En cuanto a los principios de buena regulación, la fiscalización ha detectado que en un porcentaje superior al 25%, los expedientes de la muestra presentan deficiencias (bien porque no se incluye mención a estos principios en la exposición de motivos o preámbulo de la norma, o porque la justificación de la adecuación de la norma a ellos resulta insuficiente).

Igualmente, se han observado deficiencias en el análisis presupuestario, que afectan al 30% de los expedientes de la muestra seleccionada (ya sea porque el análisis presupuestario es parcial, porque se omite la cuantificación del impacto presupuestario o porque el análisis realizado resulta genérico, provisional y orientativo).

Pero, además, el informe señala que más de la mitad de las Memorias examinadas han presentado deficiencias en la descripción de los trámites y consultas realizadas (consistentes en la falta de mención de todos los trámites efectuados, en la ausencia de incorporación en la Memoria de un resumen de las principales observaciones o recomendaciones contenidas en los informes o del tratamiento dado a las mismas, o en la no actualización del contenido de la Memoria con las novedades significativas producidas a lo largo de la tramitación del expediente normativo).

La recomendación del Tribunal de Cuentas es que el Gobierno adapte de una vez la Guía Metodológica de las memorias a ese real decreto de 2017 y que adopte las medidas necesarias para que los expedientes normativos incluyan preceptivamente un acto formal de incoación del procedimiento.

Planes anuales sin medios

En relación con la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa (órgano de la Administración General del Estado encargado de promover la coordinación y calidad de la actividad normativa del Gobierno), la fiscalización ha observado que su entrada en funcionamiento en el año 2018 supuso «un importante impulso en la evaluación ex ante de los proyectos normativos».

«Las recomendaciones y observaciones contenidas en sus informes han contribuido a mejorar tanto la técnica legislativa de los proyectos como la calidad de las Memorias del Análisis de Impacto Normativo, exigiendo unos análisis más detallados y profundos e incorporando sugerencias relevantes en materia de técnica legislativa», destaca.

No obstante, también ha comprobado que, a finales del año 2019, la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa tenía pendientes de emisión 84 informes, lo que representaba un 17,1% del total de solicitudes de informes presentadas hasta esa fecha. Y del total de informes emitidos por la Oficina en el año 2018, el 59,8% de los casos tuvo lugar fuera de plazo, mientras que en el año 2019 esta cifra ascendió al 62,9%. Por todo ello, recomienda que se la dote de los medios adecuados.

Por último, el Tribunal de Cuentas anima al Gobierno a continuar con la aprobación de planes anuales normativos, pues el último data de 2018. Tras las disoluciones y legislaturas fallidas de 2019, el pasado mes de septiembre se llegó a aprobar un anteproyecto de Plan Anual de 2020 y aun está en fase de alegaciones.