Las horas extras no se pagan ni en pandemia

El año pasado, con el boom del teletrabajo impuesto por la crisis sanitaria, se realizaron 320 millones de horas extra, un 6,3% más que en 2019, que afectaron a 731.000 asalariados, y casi la mitad no se pagaron, según se despende de en un informe realizado por la organización sindical UGT.

Además, según ha denunciado el sindicato, este fraude laboral ha hecho que los asalariados hayan dejado de percibir 2.500 millones de euros y que la Seguridad Social haya dejado de recaudar hasta 750 millones de euros, cerca de un 1,6% del déficit estimado ese año.

Teniendo en cuenta la ocupación, las horas extras han aumentado allí donde la pandemia no ha impedido poder seguir trabajando. Destacan las ocupaciones militares, los técnicos profesionales científicos e intelectuales y los empleos contables, administrativos y otros empleados de oficina.

El sindicato ha querido achacar esta realidad a la reforma laboral por el debilitamiento de la negociación colectiva y el incremento del poder discrecional de las empresas, un error de bulto. «Las horas extra son un síntoma más de un mercado laboral precario y discriminatorio», según UGT, que ha alertado de que el uso desproporcionado de horas extra tiene un elevado coste en términos de empleo y en el ámbito económico y social y de que, además, pone en jaque la conciliación laboral y personal.

Para el sindicato, es necesario disminuir el volumen de horas extras (solo se deben realizar las absolutamente imprescindibles), mejorar su control y el modelo de relaciones laborales que hay en España. De hecho, insta a avanzar hacia una redistribución más justa de los puestos de trabajo, lo que implica una reducción global del tiempo de trabajo e ir a un marco laboral «más equilibrado y garantista».

En el corto plazo, UGT pide destinar más recursos a la Inspección de Trabajo para que controle con garantías que se cumple la jornada laboral. Por otro lado, aboga por extender y mejorar el registro horario en el marco de la negociación colectiva.

De cara al futuro, apuesta por aprovechar los fondos europeos para renovar el modelo productivo español, trazando estrategias que impulsen una gestión y organización más eficiente de la plantilla de trabajadores; por adoptar medidas para redistribuir los trabajos y contemplar una reducción de trabajo o por aprobar un marco laboral «más justo» que se adapte mejor a los retos de la digitalización y la transición ecológica y apueste por el empleo «digno y de calidad».