El sablazo que esconde Moncloa quitaría 3.000 euros a dos millones de parejas

¿Quiere acabar el Gobierno con la tributación conjunta de los matrimonios? ¿Están dos millones de hogares y cuatro millones de contribuyentes amenazados por una reforma que podría elevar sus pagos fiscales en más de 3.000 euros anuales?

Las preguntas están sobre la mesa después de que trascendiera, unas horas de abrirse las urnas en Madrid, que Moncloa había incluido esa reforma en su Plan de Recuperación remitido el pasado viernes a Bruselas para lograr desbloquear los Fondos Europeos. Y tras constatarse que ni ése ni otros recortes que pueda tener preparados se han dado a conocer a la opinión pública.

Y no se conocerá la hoja de ruta en su integridad hasta que pasen las Elecciones en la Comunidad de Madrid, lo que a juicio de fuentes populares consultadas por ESdiario presagia lo peor en cuestión de recortes: "Más impuestos, reforma de las pensiones y veremos qué pasa con el mercado laboral2, aseguran.

Consciente del incendio desatado por ese sablazo a las familias, en la víspera de unas Elecciones decisivas en Madrid con gran impacto nacional, el Gobierno ha dado orden a sus satélites de negar la medida y convertirla en una especie de "borrador" que no se aplicará de inmediato, a lo sumo a partir de 2022 y siempre después de que lo avale el "Comité de Expertos" impulsado por Moncloa para barnizar el hachazo fiscal que prepara.

Fuentes próximas al Ejecutivo aseguran así que el único objetivo es evaluar las recomendaciones de la institución y analizar la eficacia y eficiencia de los incentivos fiscales vigentes, tal y como lo indica expresamente el apartado dedicado a las reformas fiscales del Plan de Recuperación.

Para ello, han señalado que también se ha creado un grupo de expertos que emitirá su informe en febrero del año 2022 y que será en ese momento cuando se planteará qué medidas fiscales son más adecuadas para adecuar el sistema tributario al siglo XXI e impulsar el crecimiento y la creación de empleo.

Por tanto, han hecho hincapié en que el Gobierno lo único que va a estudiar, con el asesoramiento técnico de los expertos, es la forma de evitar que esta reducción fiscal acentúe la brecha de género existente en el mercado laboral. Todo ello, sin que, en ningún caso, esta posible reforma tributaria vaya a suponer un aumento de la carga fiscal de las familias.

Millones de afectados

La declaración conjunta beneficia a dos millones de hogares y su coste asciende, según los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE), a unos 1.000 millones de euros al año, que sería la mitad del botín que busca Hacienda para adecentar unas cuentas públicas lastradas por un déficit disparado.

La Autoridad Fiscal (Airef) elaboró el año pasado un informe sobre los beneficios fiscales del sistema tributario español en el que precisamente repasaba las ventajas e inconvenientes de esta reducción en el IRPF.

El Gobierno esconde el plan enviado a Bruselas y lleva tiempo diciendo que en España se pagan pocos impuestos

Y calcula que el coste para las arcas públicas de esta iniciativa asciende a 2.293 millones, y los beneficiarios son 4,2 millones de personas, 2,1 millones de hogares, el 18% de los contribuyentes y el 17% de las familias. El organismo sostiene que el beneficio fiscal se reparte de manera homogénea y no altera la desigualdad.

Más de 3.000 euros de ahorro

Actualmente, la reducción por tributación conjunta del IRPF depende de la modalidad de unidad familiar de que se trate. En el caso de declaraciones conjuntas de unidades familiares integradas por ambos cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera, los hijos menores que convivan, así como los mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, la base imponible se reducirá en 3.400 euros anuales.

En declaraciones conjuntas de unidades familiares monoparentales, es decir, las formadas, en los casos de separación legal o cuando no exista vínculo matrimonial, por el padre o la madre y todos los hijos menores o mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada que convivan con uno u otra, la base imponible se reducirá en 2.150 euros anuales.

¿Cuál es la verdad?

En este caso, no se aplicará esta reducción cuando el contribuyente conviva con el padre o la madre de alguno de los hijos que forman parte de su unidad familiar. Y la reducción que proceda de las comentadas se aplicará, en primer lugar, a la base imponible general, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal minoración. El remanente, si lo hubiere, minorará la base imponible del ahorro, que tampoco podrá resultar negativa.

La pregunta ahora es sencilla: ¿Cuál es la verdad? Lo cierto es que al desconocerse el Plan de Recuperación remitido a Europa, la sospecha es legítima. Y más procediendo de un Gobierno que no deja de repetir que en España se pagan pocos impuestos, ignorando la evidencia de que, en esfuerzo fiscal, está entre los cinco más exigentes del mundo.