El Gobierno asalta la cúpula de empresas estratégicas para colocar a los suyos
La operación Indra, saldada con una victoria pírrica de Hacienda y la SEPI, es solo la punta del iceberg. El Ejecutivo está aprovechando los rescates para cobrarse el "derecho de pernada".
El ya expresidente de Indra, Fernando Abril-Martorell.
La ruinosa operación Indra ha dejado al Gobierno con las vergüenzas al aire. Especialmente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la nueva presidenta de la SEPI (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y protegida de la anterior, Belén Gualda.
El Gobierno -primer accionista de la tecnológica- intentó dar un golpe palaciego para relevar a Fernando Abril-Martorell y colocar a Marc Murtra y se encontró con la rebelión del Consejo de Administración, que este jueves aprobó a regañadientes el nombramiento de Murtra como presidente pero sin funciones ejecutivas. Como un presidente florero.
El desenlace de este asalto es una indemnización de 6,1 millones de euros a Abril-Martorell, que llevaba en el cargo desde 2015 (de ellos 750.000 euros por no avisarle con tres meses de antelación) y una SEPI aún más debilitada, en medio del escándalo del rescate a la aerolínea Plus Ultra.
Ocurre, no obstante, que Indra no es la primera... y puede que tampoco sea la última. A la obsesión que desde su llegada a La Moncloa ha tenido Pedro Sánchez por controlar el entramado de empresas participadas por la SEPI para colocar a personas de su cuerda se une ahora una especie de derecho de pernada que reivindica sobre empresas estratégicas que están siendo rescatadas.
Belén Gualda, recientemente nombrada presidenta de la SEPI.
Air Europa
En las últimas semanas les ha pasado a Air Europa y a Duro Felguera. La aerolínea recibió a finales de 2020 un salvavidas de 475 millones de euros. Desde entonces el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se propuso cobrarse la cuenta removiendo al consejero delegado para situar en su lugar a Valentín Lago. Y vaya si lo consiguió (en marzo de este año).
Duro Felguera
En el caso de Duro Felguera, en cuanto la SEPI hizo efectivo el rescate de 120 millones de euros a la ingeniera, el Gobierno procedió a su canibalización: el 1 de mayo se produjo la salida de José María Orihuela como consejero delegado y el nombramiento de Jaime Argüelles a dedo, sin proceso de selección alguno.
Con Red Eléctrica empezó todo
Desde que se inició la legislatura, Red Eléctrica, Hispasat, Navantia y la propia SEPI han cambiado de presidentes. El caso más sonado, por polémico, fue el de Red Eléctrica. En enero del año pasado el exministro socialista Jordi Sevilla dimitió por las injerencias -eso denunció- de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Y eso que él mismo había sido nombrado por Sánchez recién ganada la moción de censura de 2018.
Le sustituyó la también exministra socialista Beatriz Corredor y desde entonces el plantel de socialistas en su cúpula no ha dejado de crecer. Sin ir más lejos, en la Junta General de Accionistas que la compañía tiene prevista para el próximo 29 de junio se aprobará la incorporación de Elisenda Malaret García, exdiputada del PSC.
A Hispasat llegó el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu en septiembre de 2020. También de las filas socialistas, catalanas en este caso. Un mes después el Gobierno designó a Belén Gualda presidenta de Navantia -a instancias de la ministra Montero, que trabajó con ella en la Junta de Andalucía-.
Y en marzo de este año ella misma, Gualda, fue requerida para responsabilidades más altas al frente de la propia SEPI, cuya Presidencia llevaba vacante desde que en octubre de 2019 Vicente Fernández fuera apartado a raíz de su imputación en la venta de la mina de Aznalcóllar.