El G20 prepara una tasa a las emisiones de carbono

El G-20 ha vuelto a subrayar la necesidad de introducir una estrategia global común para avanzar en la lucha contra el cambio climático y establecer los incentivos adecuados de manera coordinada. En la próxima reunión de octubre se planteará una hoja de ruta para promover las finanzas sostenibles, con mecanismos como el precio del carbono o los impuestos medioambientales.

En ese sentido, gana partidarios la postura defendida por Janet Yellen, secretaria del Tesoro de EEUU, sobre que se debata en el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles del G-20 la imposición de un precio implícito que grave las emisiones de carbono. “Los países del G20 son responsables de más del 80% de las emisiones globales de carbono y, por lo tanto, es nuestra responsabilidad tomar medidas y hacerlo de inmediato”, argumenta.

El 14 de julio de 2021, la Comisión Europea publicará el paquete de propuestas legislativas «Fit for 55», orientado a reducir las emisiones de carbono un 55% con respecto a los niveles de 1990 de aquí a 2030. La intención de la UE es aplicar un impuesto a determinados sectores y que las empresas que importen acero, hierro, cemento, fertilizantes, aluminio y electricidad compren derechos de emisión a partir de 2023. Una especie de impuesto indirecto a las emisiones de carbono.

El FMI defiende la fijación de un precio mínimo global para las emisiones de carbono para proteger el medio ambiente y la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. “La clave es poner un precio sólido al carbono, como hemos debatido en el G20. Esto dará una señal clara para reorientar la inversión privada y la innovación hacia tecnologías limpias y para incentivar la eficiencia energética”, argumenta Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que precisa que el precio mínimo del carbono no tiene por qué ser un impuesto, sino que podrían ser medidas como el comercio de emisiones o combinaciones de tarifas y regulaciones sectoriales.

De todo ello han hablado los ministros de Finanzas de los países del G-20, reunidos en Venecia, tras aprobar un impuesto mínimo global del 15% para las grandes empresas. A este mecanismo de fiscalidad para multinacionales consensuado el 1 de julio se han sumado 131 países y jurisdicciones de los 139 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Este sistema se basa en asignar un porcentaje de los beneficios de las empresas, en particular de las digitales, a ciertas jurisdicciones para que paguen impuestos donde operan aunque no tengan presencia física, y en la aplicación de un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15 % a las empresas con una facturación de más de 750 millones€. Lo que se busca es evitar que una multinacional tribute en un país distinto a los que genera sus beneficios para reducir su factura fiscal.