Yolanda Díaz no frenará: ya piensa en más medidas para "apretar" a las empresas

Sin tregua a las empresas. Ésa es la hoja de ruta de Yolanda Díaz, y cuenta con la complicidad de Pedro Sánchez, en detrimento de una alicaída Nadia Calviño, aunque este fin de semana eso se ha puesto en duda con su ataque frontal, con Podemos detrás, contra la ministra de Economía, a cuenta de una reforma laboral que pretende abolir de inmediato. Algo que espanta a la ministra pero que hasta Adriana Lastra, del PSOE, ha defendido para no dejarse "robar" esa bandera.

En todo caso, la sustituta de Pablo Iglesias al frente de la vicepresidencia segunda no frena: a la subida del "impuesto al trabajo" que suponen las cotizaciones y del Impuesto de Sociedades, el Ministerio de Trabajo le añade ahora otro objetivo doble: enterrar la reforma de Rajoy y Báñez y prohibir los contratos temporales salvo en un pequeño porcentaje del total de las plantillas.

La vicepresidenta no cesa en su empeño en la reforma laboral y ha deslizado en las últimas horas que las negociaciones en la mesa de diálogo "van rápidas y ágiles". Además ha insistido en que confía que estén "culminadas" en noviembre para cumplir su palabra y que aparezca en el BOE antes de final de año.

En su entorno lo dejan claro: no va a ceder y su reforma será "estructural", con una dimensión que "no se ha hecho en 42 años" y el objetivo de "modernizar el mercado de trabajo y sobre todo de abordar sus principales problemas".

La vicepresidenta pone el foco en la temporalidad y ha propuesto a los agentes sociales la limitación de los contratos con caducidad al 15% de la plantilla, sin tener en cuenta las necesidades de las empresas, pero con una intención política evidente de conectar con los empleados más inestables.

Además, según explican en su entorno a ESdiario, únicamente podrán justificarse los contratos temporales en dos situaciones: cuando haya un "incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual de la empresa" y para "sustituir a una persona con derecho a reserva de su puesto de trabajo".

El texto del Ejecutivo también mantiene el contrato de formación dual en las empresas durante un máximo de dos años, con un máximo efectivo del 65% en el primer año y del 85% en el segundo, como parte de un programa formativo individual de las compañías.

Las empresas en contra

El presidente de la principal asociación de autónomos, Lorenzo Amor, ya mostró su rechazo a través su cuenta de Twitter nada más conocerse los primeros indicios: "Siguen pensando que solo hay grandes empresas. Solo por recordar, en España casi el 90% de las empresas tienen menos de 5 trabajadores y no al revés. Esta medida es absurda cuando en una empresa con 5 trabajadores cada trabajador es un 20%. Con 7 empleos ya parece que puedes tener uno temporal".

"Reducir la temporalidad debe ser un objetivo de todos pero no se consigue con topes que penalizan a autónomos y pequeñas empresas", zanjó Lorenzo Amor.

La ofensiva de Díaz, muy sindicalizada, dejaría maltrecha a la empresa media española, de solo cinco trabajadores

Sin embargo, Yolanda Díaz no piensa atender a razones y pese a que la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy es un asunto que le ha traído grandes enfrentamientos con la vicepresidenta Nadia Calviño, ella ha optado por escenificar su fuerza en la Unión Europea.

Antes del 31 de diciembre

"Les anticipo que los trabajos van rápidos y ágiles. En un plazo máximo de entorno el mes de noviembre han de estar culminados. Esta es la obligación que tenemos", recalcó la ministra hace unos días en Luxemburgo al ser preguntada por la fecha de llegada al Consejo de Ministros. Era el presagio que ha estallado desde el viernes, primero con Ione Belarra exigiendo una reunión con el PSOE para revisar sus acuerdos y después, con ella misma, asegurando en público que no hay marcha atrás por muchas "resistencias" que se encuentre.

La mayoría de las medidas incluidas en el componente laboral del plan de recuperación español están previstas para desbloquear un tamaño de 12.000 millones de euros. Estos recursos se enviarían a las autoridades españolas en la primavera de 2022, pero las metas y objetivos pactados con Bruselas deben estar aprobados antes de que acabe este año.

El miedo de Sánchez

"Solamente hemos dejado una reforma estructural para el primer trimestre del siguiente año 2022, pero los elementos centrales de la modernización del mercado de trabajo han de estar publicados en el Boletín (Oficial del Estado) antes del 31 de diciembre, por tanto es para ya", repite a quien la quiere oír, y son muchos, Yolanda Díaz.

Fuentes políticas consultadas por este periódico, cercanas a los dos socios del Gobierno, presagian una victoria de Díaz frente a Calviño, firme defensora de no tocar el mercado laboral sin el "permiso" de Bruselas. Pero las cuentas que hace Sánchez son otras: no se puede permitir ahora unas Elecciones Generales anticipadas, inevitables si se produce una ruptura sonora con Podemos. "Aceptará lo que diga ella", afirman. Y un indicio de ello son las palabras de Lastra este sábado: "El PSOE anulará la reforma laboral".