'Fumata blanca' a la reforma laboral que desmonta a Yolanda Díaz

"Una reforma equilibrada". Así defendió Yolanda Díaz el texto de la nueva legislación laboral que ya tiene el visto bueno de la CEOE y de los sindicatos, aunque ha supuesto una ruptura en el seno de los empresarios, pues precisamente las pequeñas empresas son las que salen más perjudicadas.

Y es que, la fumata blanca ya ha llegado tras meses de encuentros y desencuentros entre agentes sociales y los diferentes socios del Gobierno. Pero esos equilibrios se traducen en que finalmente la ansiada derogación de la reforma laboral de la que siempre ha hecho gala Podemos no será tal, sino que las empresas seguiran manteniendo la flexibilidad que querían, acabando con las aspiraciones de la ministra ya que no se tocarán las indemnizaciones con despido y la temporalidad seguirá estando presente.

De hecho, Díaz ya explicó el pasado mes de noviembre que "técnicamente" no se puede derogar la reforma laboral y dejó claro que el Gobierno no iba a "tocar" la indemnización por despido improcedente en la norma tras la petición de algunos socios del Gobierno, como ERC o Más País.

Así, el texto planteado por el Ejecutivo, y que podría sufrir alguna modificación de última hora, toca varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores, como la contratación y la negociación colectiva, y ha puesto el foco en reducir la temporalidad aunque permitiendo la flexibilidad que exigen las empresas.

Es, en definitiva, un acuerdo de mínimos para cumplir con Bruselas al que la CEOE ha dado su beneplácito, aunque no con una mayoría del sector empresarial, ya que las patronales de Madrid y Cataluña, CEIM y Fomento del Trabajo, la del automóvil, Anfac, y la del campo, Asaja se han abstenido, puesto que algunos de los puntos aprobados perjudican precisamente a las empresas más pequeñas, ya que las deja maniatadas.

Las líneas maestras de la nueva reforma pasan porque el contrato indefinido será el habitual, aunque habrá dos tipos de contratos temporales: el estructural y el formativo. El primero de ellos, el estructural, se podrá realizar por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo, tal y como se está haciendo actualmente.

El contrato por circunstancias de la producción podrá concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, por un tiempo máximo de seis meses, ampliables a doce si así lo establece el convenio colectivo sectorial de turno.

Contratos de campaña: máximo 90 días al año no consecutivos

Esta causa podrá emplearse en situaciones previsibles, como las campañas de Navidad o agrícolas, por un periodo máximo de 90 días al año no consecutivos. En el último trimestre del año anterior a la realización de estos contratos, los representantes sindicales deberán ser informados de la previsión anual.

Igualmente se quiere instaurar el Gobierno fomentará el contrato fijo discontinuo para la realización de trabajos de naturaleza estacional o actividades de temporada, lo que, a juicio de la patronal, servirá para impulsar la estabilidad en el empleo.

Asimismo, se plantea reducir a 18 meses en un periodo de 24 meses el plazo de encademiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido, frente a los 24 meses en un periodo de 30 meses vigente actualmente.

Los convenios colectivos se prorrogarán

Por su parte, otra de las 'patas' de la negociación se ha centrado en la vigencia de los convenios colectivos. El nuevo texto reinstaura la 'ultraactividad plena', de forma que los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, sin un límite de tiempo, frente al plazo de un año establecido anteriormente.

Además, según ha señalado los empresarios en un comunicado se mantiene la prioridad aplicativa del convenio de empresa en todos los ámbitos de flexibilidad necesarios para el buen funcionamiento de la actividad empresarial, con la única excepción de la materia salarial. A las contratas y subcontratas se les aplicará el convenio del sector de la actividad realizada, según el documento.

También, se quiere potenciar medidas de flexibilidad interna como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para evitar despidos colectivos.

UGT y CCOO también da su visto bueno

Por su parte, CCOO y UGT también han convocado para hoy a sus órganos directivos a fin de analizar el estado de la negociación y decidir si apoyan o no la propuesta que el Gobierno ha puesto sobre la mesa y ambos lo han ratificado.

La intención del Gobierno es aprobar la reforma laboral en el Consejo de Ministros del día 28, lo que le permitiría cumplir con el compromiso que adquirió con Bruselas de tener aprobada la reforma laboral antes del 31 de diciembre y así poder acceder a un nuevo desembolso de 12.000 millones de los fondos europeos.