El lobby del gas se impone en Europa

El mix energético forma a menudo parte de conversaciones coloquiales. Seguro que estas Navidades muchas familias discuten en la mesa sobre el precio de la energía pero, muy especialmente, sobre el precio del gas. Precio que es el responsable de los altos precios del material de la construcción, de los productos químicos o de la tarifa regulada de la electricidad que, en este caso, solo paga una minoría de familias en España.

Bien es sabido que el Gobierno de España tiene a su alrededor al lobby del gas que aprieta pero no asfixia. Por eso, aunque ya hayan rectificado, desde el Ministerio de Transición Écológica se despotricaba contra las eléctricas, y no contra los verdaderos responsables:. las gasísticas. No en vano, como se ha publicado profusamente, una consejera de Enagás, Natalia Fabra, es además consejera de los consejos asesores tanto de Ribera como de Calviño.

Desde hace más de cuatro décadas se vienen celebrando Cumbres del clima, cumbres internacionales en defensa de la tierra y encuentros científicos de muy alto nivel que lo tienen claro: la implementación de energías renovables es la única solución para avanzar hacia un horizonte sostenible.

Así parecía que también lo hacía la Unión Europea e, incluso a lo largo de los últimos años, lo hemos podido ver en sus políticas, sus directrices comunitarias o incluso en sus planteamientos económicos, por eso cuesta entender que en el último momento hayan pegado un cambio radical aludiendo a la energía nuclear y al gas como “verde”.

La que fuera portavoz de Equo, Rosa Martínez, no ha dudado en arremeter en Twitter contra esta decisión “Me sorprende gratamente el eco mediático que está teniendo la propuesta de #taxonomy de la Comisión Europea, porque lo merece. Lo que me preocupa es lo poco que se está criticando que se quiera favorecer la tecnología responsable de los altísimos precios de la electricidad, el gas”.

Greenpeace ya denunció en el mes de junio que la influencia del lobby del gas haría virar los fondos de la COVID-19. El grupo ecologista indicaba que el lobby del gas tiene tanta influencia en Bruselas que “tanto el Green Deal como los objetivos de descarbonización solo han conseguido que esta industria haya intensificado su presión para beneficiarse de una parte de los 750.000 millones de los fondos de recuperación por la crisis de la COVID-19”, y parece que así ha sido.

Resulta revelador, y casi premonitorio, cuando Greenpeace aludía a que la intención final de estos grupos era impulsar el gas fósil en la construcción de la economía baja en carbono, de forma que actúe como fuente de energía de respaldo en el desarrollo de las energías renovables. Para ello, el Foro de Países Exportadores de Gas, entre los que se encuentran Emiratos Árabes, Rusia o Argelia, entre otros, está promoviendo desde hace meses sus presuntas ventajas ambientales.

No se debe olvidar tampoco, desde un punto de vista de la sostenibilidad económica para hogares y empresas, cómo la factura del gas pesa cada vez más en los extractos bancarios. En los últimos meses han sido muchas las empresas que han informado a través de comunicados que, de seguir así el precio del gas, tendrán que cerrar, del mismo modo que en estos meses de invierno muchos hogares de Europa tienen que pensar si poner la caldera de gas o hacer la compra en el supermercado.

En el caso de España, es cada vez más conocida la relación del Gobierno - a través de sus Vicepresidencias de Economía y Transición Ecológica - con Natalia Fabra, una consejera de Enagás, la principal empresa gasista, que actúa como asesora de estas entidades públicas y que incluso recibe una subvención del Banco de España para sus estudios, todos ellos enfocados claramente en un sentido. El que ahora interesa a Europa.

En el año 2017, en el Informe “Atrapados en el gas” que publicó Ecologistas en Acción y Corporate Europe Observatory (CEO), un grupo activista y de investigación que expone y lucha contra la desproporcionada influencia de las empresas y sus grupos de presión en la toma de decisiones en la Unión Europea ya dijo claramente que la industria del gas, que incluía compañías involucradas en la extracción, el transporte y el consumo final, estaba influyendo para que la UE considerase el gas como un combustible limpio y ecológico que pudiera servir para complementar una transición energética libre de combustibles fósiles. Sin embargo, según indicaron las organizaciones que publicaron el informe, el gas estaba lejos de ser un combustible con esas características y ahora, además, podemos añadir que es extremadamente caro.

Se recomienda a los hogares y a las empresas poner detectores de gas en las casas y las oficinas por si algún día, de forma accidental, hay algún escape que pueda provocar una explosión. No sabemos aún si la Unión Europea los tendrá por sus pasillos… a priori parece necesarios, por lo que se está acumulando en el ambiente.