Encerrona a Iberdrola, más que una venganza

Una encerrona, en una palabra. La Real Academia de la Lengua lo define como “situación, preparada de antemano, en la que se consigue que una persona se vea obligada a afrontar algo inesperado o a obrar de determinada manera’”. Pues todos esos calificativos y algún otro del mismo pelaje que se les ocurra es lo que le espera al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el martes.

El salmantino comparece en la Audiencia Nacional para dar cuenta de lo que presuntamente ha hecho uno de sus empleados. ¡Es de locos! En teoría, una de las filiales de la eléctrica vasca, Iberdrola Renovables, habría pagado a José Manuel Villarejo por espiar a los ‘enemigos’ industriales.

Lo chirigotero del asunto es que la causa se cimenta en la declaración de un ex empleado, José Antonio del Olmo, condenado por robar documentos a la empresa y al que, de repente, le afloran 36 inmuebles que se habrían regado durante sus 42 años de trabajo en la entidad. ¿Con qué abono? Él sostiene que con el de su habilidad con los números y en las subastas. Lo dramático es que basta con cotejar sus diferentes declaraciones judiciales para advertir que el señor no tiene credibilidad, que en un lugar dice una cosa y en otro, la contraria.

Vaya por delante que, pese a ello, el presidente de la eléctrica ya tiene garantizada, al menos, su pena del telediario mientras los enemigos de la empresa y de Galán afilan sus cuchillos en un asperón. Los más listos de sus contrarios han sabido taparse pero también están los débiles de carácter, a los que les puede su ego, que no han dudado en dar un paso adelante y reclamar el protagonismo de la operación.

Sí, operación. La causa está montada sobre una prueba falsa. Del Olmo dice que advirtió en un informe a su superior del hallazgo de una supuesta factura irregular pero, curiosamente, en los archivos de la multinacional no hay constancia. Él mismo llega a dudar, incluso, en sus declaraciones judiciales de la forma en la que habría informado a la empresa. En lo que no hay duda es en asegurar que casi un mes después del ‘hallazgo’ registró ante notario el supuesto informe. Pero es que también reconoce que firmó la factura y que siguió haciéndolo durante los ocho años posteriores que siguieron llegando recibos de ese tenor.

Y luego está lo otro, lo del instructor. La empresa insiste en pedir un peritaje sobre esa prueba y el juez que lleva el caso, Manuel García Castellón sin darse cuenta. Pero es que el mismo camino llevó la petición de Galán de declarar voluntariamente, antes incluso de que se lo imputase.

Y, no, no era tanto por él, ya que sabía que no había nada, como por lo que una cosa así, sostenida en el tiempo con medias verdades, podría suponer para la compañía.

Vamos, que el caso contra el presidente de la eléctrica es un monumento al señalamiento

público. De nada han servido los recursos pidiendo al juez declarar cuanto antes; de nada ha servido que se le midiese con el mismo rasero que a otros encausados; de nada ha servido que se pidiese contrastar pericialmente la principal prueba confeccionada contra él... Y, claro, esto lleva a muchos a pensar mal. Uniendo la línea de puntos, al final, resulta que lo que está en el punto de mira no es tanto Galán como el cambio de rumbo de la compañía, que pase a otras manos.

A los que han instigado la trama lo mismo les ha dado que se vean resentidos los intereses españoles por todo el mundo o haber puesto en peligro el empleo de más de 400.000 personas que viven de forma directa o indirecta de Iberdrola. Su único interés es apoderarse de la primera energética española y una de las principales del mundo. Un grupo ubicado, según los principales analistas internacionales, como el mejor posicionado para hacerse con el cetro global en los próximos 30 años por la enorme apuesta que ha venido haciendo desde hace de 20 años en renovables. Una perita en dulce, vamos.