¿Por qué acusan a Galán y a Iberdrola si no hay una sola prueba?

Estos días hemos asistido a una procesión estéril, la del paseíllo del presidente de una de las principales empresas de nuestro país, Iberdrola, para declarar en la Audiencia Nacional. Y, a sabiendas de su inocencia, todo para desestabilizar a la segunda eléctrica del mundo.

Ignacio Sánchez Galán negó que conociese o autorizase los pagos al excomisario Villarejo para que espiase a sus rivales políticos, industriales o a nadie. Otros responsables de grandes compañías también hicieron “el desfile”, cuyo origen son las anotaciones de un charlatán extravagante que se mueve feliz en los aledaños de las grabaciones ilegales, el chantaje y la corrupción. El Juez ya archivó las primeras causas y ahora toca el turno del presidente de Iberdrola.

Son numerosos los datos aportados al Juzgado en los que queda meridianamente claro que Galán tenía una cadena de subordinados encargados de solicitar, autorizar y visar diferentes tareas. Ello, sin menoscabo de que desde Iberdrola se pagasen 15 facturas a Cenyt, la empresa de Villarejo.

También ha quedado claro que el que fuera su jefe de Seguridad, Antonio Asenjo, ha reconocido en sede judicial que falseó el concepto de esas facturas y negó que sus superiores tuviesen conocimiento. Es decir, que asumió toda la responsabilidad.

Pero, es que, la autorización última del pago y el visado recae, precisamente, sobre la persona que es considerada testigo de cargo, José Antonio del Olmo, director de Funciones Corporativas de la eléctrica, el denominado ‘controller’, que firmó cada uno de esos recibos antes y después de haber supuestamente denunciado la irregularidad.

Lo hizo pese a que registrase ante notario el supuesto documento en el que decía haber informado a sus superiores de la presunta irregularidad. Iberdrola ha realizado una profunda investigación interna y no tiene constancia documental alguna. Entre tanto, el denunciante del pasado, siguió trabajando y visando con normalidad.

Mientras el “proceso” sigue el daño reputacional para Galán y la empresa, que es bandera en el mundo de la pujanza española, se hace más que evidente. Eso, si, con la inestimable ayuda de los rivales del salmantino.

Por otra parte, en el hipotético caso de que hubiese algún delito, estaría prescrito, ya que hablamos de hechos de 2004 a 2009, y los posteriores están residenciados en la filial de renovables y se limitan al abono en 2012 de 25.000 euros de un servicio que no se prestó, sino que se trataba de un mero reembolso de gastos.

También el ex jefe de Gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo, se vio obligado a declarar en este caso. Contó al juez de la Audiencia Nacional que visó dos facturas de Cenyt por trabajos que consideraba legales, ya que habían sido autorizadas por Asenjo y por Del Olmo y, esto último, no es baladí. Tanto él como el ex director de Recursos Corporativos, que firmó otras cuatro, Fernando Becker, han reconocido su firma pero, evidentemente, son ya incapaces de recordar cuándo sucedió y niegan conocer el contenido de esas contrataciones. Aseguran que Iberdrola tiene relaciones con 22.000 proveedores y emite a nivel global la friolera de 150.000 facturas anuales.

Volvamos al presidente de la vasca. Galán y el exconsejero general de Negocios, Francisco Martínez Córcoles, han declarado que no tenían conocimiento sobre el Grupo Cenyt, ni conocían a Villarejo ni su condición de policía hasta que, en fechas recientes, surgió esta polémica. Además, insisten, queda totalmente fuera de su ámbito de actuación la simple posibilidad de conocer estas cuestiones. Esto es lo que corrobora Asenjo que, junto con Del Olmo, son los principales expuestos.

Por lo tanto y atenidos a la cuestión de fondo jurídica, la única ‘prueba de cargo’ es un supuesto informe redactado por Del Olmo para denunciar irregularidades respecto a estas facturas. Un informe que no aparece registrado que presentase a sus superiores pero que, sin embargo, sí se encarga de presentar en una notaría.

A ojos extrajudiciales se percibe como una trama cutre con enredo de un ex empleado que busca su propio ajuste de cuentas personas con la empresa por causas que se desconocen. Mientras, en Iberdrola se asegura haber llevado a cabo una investigación profunda sin encontrar evidencia alguna de este supuesto informe “enterrado” como caja negra en una notaría hace casi 18 años.

Mientras tanto, hoy, cada segundo perdido en esta trama es una puñalada más clavada, no solo en la reputación de Iberdrola sino, sobre todo, una agresión directa a la marca España. ¿Qui prodest?