Montero golpea a los jubilados “robando” la mitad de la mejora de las pensiones

El Gobierno prepara un nuevo “palo fiscal” para los jubilados españoles. Después de que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá anunciase las intenciones de Moncloa de subir las cuotas de autónomas desatando una ola de críticas de la ciudadanía, Sánchez ha querido insistir en las “mejoras sociales” que el Gobierno está adoptando.

Entre ellas, la subida media de las pensiones en 650 euros anuales, resultado de los incrementos del 2,5% anual de esas retribuciones y de los 400 euros correspondientes a la agüilla que fue eliminada este mes de enero por el Ejecutivo. Sin embargo, detrás de esta aparente subida de las prestaciones, los jubilados recibirán un nuevo golpe fiscal por parte de Hacienda.

Como el gasto “extra” total que tendrá que pagar el Gobierno por estas subidas supone unos 6.500 millones de euros, Sánchez prevé minimizar ese impacto económico con las declaraciones del IRPF. Y es que, como las pensiones son un tipo de rendimiento del trabajo, deben presentarse como tal en la declaración de la renta, por lo que la subida de la “nómina” de 370.000 jubilados repercutirá también en un incremento en la recaudación pública.

Según los primeros cálculos, de esos 370.000 jubilados, se espera que aproximadamente el 50% de la subida, unos 325 euros, vuelvan a manos del Estado tras haber hecho la declaración de la renta. Esto es el resultado de la subida de la retención fiscal de aproximadamente un punto con respecto a la campaña anterior.

El asunto no se queda ahí, ya que ha sido el propio Instituto Nacional de Seguridad Social el que dado la voz de alarma a través de una carta de la directora general del Instituto, Carmen Armesto. En ella informaba a millones de pensionistas de la revalorización de las pensiones durante este año pero también de la subida de las retenciones en la declaración de la renta. En ella recalca que afectará a unos 370.000 jubilados, todos ellos perceptores de la pensión máxima, lo que se traduce en un punto de subida fiscal.

Si desgranamos mes a mes este “recorte” de las pensiones dentro de las anunciadas “mejoras” de Sánchez, podemos observar como la subida es sustancialmente menor para las pensiones que cobran las pensiones máximas del Estado. De forma general, sin contar esas pensiones “altas”, estamos delante de una subida mensual de unos 112 euros brutos, “pasando por caja” el Estado dejará a los pensionista unos 63 euros netos extra, un 56%.

Moncloa anunció una revalorización de las pensiones del 4,1%, pero después de pasar por el IRPF, los jubilados españoles percibirán, de media, un aumento del 2,7%.

Si eso lo traducimos a porcentajes, se puede observar que las cifras de aumento de pensiones anunciadas a bombo y platillo por Sánchez no se corresponden con lo que realmente va a llegar a los pensionistas. Moncloa anunció una revalorización de las pensiones del 4,1%, pero después de que el IRPF “haga su magia”, los jubilados españoles percibirán, de media, un aumento del 2,7%.

Esto podría dejar a algunos pensionistas, incluso, con una pensión que no compensaría el incremento del IPC, por lo que seguirían con un poder adquisitivo todavía mermado. De hecho, los cambios en los tramos del IRPF en este grupo de pensionistas podría implicar que muchos jubilados lleguen a cobrar, incluso, menos que en el año 2021.

El palo fiscal también llegará a los autónomos 

Los jubilados no son los únicos que verán recortadas de forma parcial sus pensiones mediante el "robo" de Hacienda. Los autónomos, uno de los sectores más castigados durante la pandemia y que el Gobierno pretende apretar aún más subiendo los impuestos de la renta.

Y es que ahora, el Ejecutivo ha planteado aumentar su aportación a los planes de pensiones de empleo con derecho a desgravación. Pasarán de los actuales 1.500 euros anuales que se recogen en la Ley de Presupuestos Generales de este año a 5.750 euros. Un aumento que se desprende de la nueva ley de planes de pensiones de empleo aprobada por el Consejo de Ministros el martes 22 de febrero, coincidiendo con la guerra interna del Partido Popular y la dimisión del secretario general de esta formación, Teodoro García Egea.

De esta nueva ley, también se puede observar cómo los trabajadores por cuenta propia quedan por debajo de los asalariados que se desgravarán hasta 10.000 euros al año, un 42% más. Tal y como recoge El Economista, la diferencia en la aportación máxima entre los autónomos ha creado mucha polémica, sobre todo en los sindicatos de autónomos españoles.

Mientras ATA, el que se supone que es el sindicato "principal", se habla de discriminación, mientras que en UPTA y UATAE denuncian que ese límite de 5.750 euros es suficiente para una gran parte de los trabajadores por cuenta propia. Algo que defienden desde el Gobienro: el Ministerio de Seguridad Social ha confirmado a este portal que "la gran mayoría de las aportaciones de este colectivo no supera dicho límite".