Un nuevo informe liquida la euforia de Yolanda Díaz con su reforma laboral

Los últimos datos del paro del mes de abril supusieron para el Gobierno de coalición un auténtico balón de oxígeno, ya que no se experimentó una caída como muchos preveían. Sin embargo, tampoco fueron datos positivos, ya que hubo un maquillaje de las cifras con nuevas “definiciones” recogidas en la reforma laboral de Yolanda Díaz, como que los temporales pasen a ser fijos-discontinuos en determinados casos.

Pero hay otros datos del mercado laboral que hunden por completo esas buenas palabras del Gobierno, como las de la ministra de Trabajo asegurando que los datos del mes de marzo de desempleados sin “espectaculares”. Uno de ellos es la cantidad de personas que están en edad de trabajar, como estudiantes, amas de casa, personas que cuidan a otras a su cargo, etc, y que no pueden hacerlo.

Si sumamos a todas estas personas, incluyendo jubilados en edad de trabajar, cuatro de cada diez españoles, el equivalente a 16,4 millones de personas, estaba inactivo al finalizar 2021, según un informe de Asempleo. Unos datos que se sitúan entre los peores de la última década, teniéndonos que ir a años como los de la recesión del 2008 para encontrarlos.

Tras dos años desde el comienzo de la crisis del Covid, los efectos de ésta aún se aprecian en el ámbito de la inactividad, y sumándose a la inacción del Gobierno, estos datos siguen siendo alarmantes. De hecho, durante el pico de la pandemia, como consecuencia de las restricciones durante la primera mitad de 2020, más de 1,5 millones de españoles abandonaran su actividad laboral, aunque a medida que la economía fue volviendo a la normalidad regresaron progresivamente al mercado laboral.

Según Asempleo, la inactividad es más frecuente entre las mujeres (46,1%) y entre las personas con un nivel formativo básico (58,0%), y varía a lo largo de la vida laboral, ya que mientras que apenas un 3,5% de los mayores de 65 años sigue activo, entre los que tienen 30 y 45 años este porcentaje supera el 85%.

Por su parte, de los 16,4 millones de personas inactivas en España al finalizar 2021, alrededor de un 20% son estudiantes, un 40% jubilados y un 11% cobran una pensión distinta a la de jubilación. El tamaño de estos tres grupos de población se ha incrementado desde el comienzo de la pandemia, en especial el colectivo de estudiantes, que se ha disparado un 12,5% entre el cuarto trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2021.

Unos datos que podrían reflejar que el mercado laboral ya estaba “tocado” antes de que se aprobase la reforma laboral, pero con la llegada de ésta a principios de 2022, el panorama ha cambiado. Y los datos respaldan esta teoría que el Gobierno se empeña en desmentir centrándose en el número de ocupados nuevo y no queriendo ver cuestiones como el número de puestos de trabajo aportados por el Estado, que al final paga el contribuyente y que, si bien restan al número de parados, desvirtúan en cierto modo parte de las cifras.

El número de fijos-discontinuos evidentemente ha subido de forma clara, ya que la reforma recoge que éste modelo de contrato deja de ser legal para una gran cantidad de circunstancias, por lo que las empresas han terminado por adaptarse. A ello se le suma la clave de todo: cuánto tiempo van a durar esas personas con un contrato fijo pero discontinuo.

Y es que si esas personas que tenían un contrato laboral temporal, lo renovaban al año y ahora son despedidas de la empresa al mismo tiempo pero con contrato fijo-discontinuo, prácticamente la calidad del mercado laboral no ha cambiado, tan solo la definición de los mismos. Y parece que, según datos de Randstad, esto puede suceder.

En el último informe sobre el mercado laboral, esta empresa recoge que antes de la reforma de Díaz el 40% de los contratos indefinidos finalizaban en menos de un año. Parece que ese porcentaje podría incrementar, como es lógico, pero si es poco, podríamos estar delante de un “maquillaje” político en toda regla.

Pero detrás de ello puede haber algo aún peor, y es que las empresas, lejos de contratar a los que antes eran temporales como fijos-discontinuos, ahora directamente no contraten. Y es que las empresas podrían contratan menos por miedo a no poder hacer frente a las responsabilidades financieras que acarrea este tipo de contrato.

Al impedir la flexibilidad laboral, se pierden puestos de trabajo a futuro y mejoras en las empresas, una mayor carga de costes con un nivel de paro superior, sumando a una situación crítica en el mercado internacional y que, comparado con otros países, lastra la productividad empresarial española, lo que podría explicar que España tenga la tasa de paro más alta de la Unión Europea.