Sánchez castiga a futuros pensionistas con su "trampa" en la contribuciones

El Ejecutivo se encuentra ya en el tercer paso para completar su ansiada reforma de las pensiones. Después de ligar las prestaciones al IPC en 2021 y de concluir la reforma de las cotizaciones de los autónomos (quienes percibían una menor pensión que el resto de asalariados del sistema), imponiendo una tabla de 15 tramos de rendimientos con cuotas desde los 230 euros a los 500 en 2023; de 225 euros a 530 euros en 2024; y de 200 euros a 590 euros en 2025, el Gobierno se ha metido de lleno en la tercera parte de su reforma: las negociaciones con los agentes sociales.

Y es en este plan donde han empezado a surgir las primeras críticas. Primero, porque los planes del Gobierno de mantener la subida de las pensiones actuales podría poner en riesgo la viabilidad del sistema en su conjunto. El plan de Sánchez es el de subir progresivamente la pensión máxima y al mismo tiempo eliminar el tope de la base de cotización por arriba.

Esto supondría cambiar los años computables para calcular las bases de cotización, lo que podría repercutir en quien más ha trabajado con el máximo porcentaje en el IRPF. Un plan sin fisuras para el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que asegura que esto mantendrá el sistema en un futuro a largo plazo: “Aumentará los ingresos del sistema en las décadas de los treinta y los cuarenta, que es donde el sistema sufrirá”, ha llegado a subrayar.

Pero aún hay otra medida que Escrivá ha puesto encima de la mesa: modificar los periodos computables. Es decir, que si hasta ahora para recibir una pensión era necesario haber cotizado un mínimo de 15 años, siendo 25 el mínimo de años legales para jubilarse, ahora se plantea una nueva posibilidad: aumentar esa cifra a los 35 años.

Escrivá: "Aumentará los ingresos del sistema en las décadas de los treinta y los cuarenta, que es donde el sistema sufrirá"

Un movimiento que, según el Banco de España, provocaría una disminución adicional del 8,2% en la pensión inicial media. El organismo, que toma las pensiones de 2019, señala que simultanear la ampliación del período de cálculo a 35 años con el descarte de los años más desfavorables para determinar la base reguladora permitiría suavizar la caída de la pensión inicial media, al tiempo que reduciría la heterogeneidad de las pensiones. No obstante, la desigualdad caería en menor medida que si se restringiera el período de cálculo a los 35 anteriores a la pensión.

Por ejemplo, el informe apunta a que tomar en consideración los 29 años más favorables dentro de los 35 años previos a la jubilación arrojaría una pensión media similar (-0,1) a la resultante de tomar en cuenta los 25 años anteriores a la jubilación. Además, el organismo considera que esta forma de determinar la base reguladora produciría, en promedio, un incremento de la prestación inicial de las pensiones que se sitúan por debajo de la mediana (con respecto de un escenario en el que la base reguladora se calcula a partir de los 25 años anteriores a la jubilación) y una caída de la prestación inicial para las pensiones en el cuarto cuartil de la distribución.

Este conjunto de reformas incluidas dentro de los planes del PSOE en materia tributaria y de pensiones, afecta directamente a un término que s era venido repitiendo en los últimos años: la contributividad. O lo que es lo mismo, aporta mucho, cobras muchos en el futuro; aportas poco, cobrarás poco. Es la justificación en si misma del sistema de pensiones español.

Pues parece que ahora ese término estaría siendo menor con la reforma de Sánchez y Escrivá, lo que supone que muchas personas (y empresas, ya que una parte altísima corre a su cargo) paguen una contribución alta para luego no recibirla de forma proporcional y justa cuando lleguen a retirarse. Pagan cotizaciones para nada, porque luego no las pueden disfrutar, ya que está topada la retribución de dicho pensionista.

Pero destopar completamente las pensiones tiene aún más desventajas para la economía, ya que no sol afecta a los futuros pensionistas: también a las empresas, que estarían obligadas a tributar por los trabajadores un máximo que solo ofrecería aumento de costes empresariales en forma de recursos humanos.

Esto trae consigo una depreciación de la economía, una falta de competitividad de las empresas e incluso una fuga de talentos al extranjero, que verían como en otros países recibirían más dinero (el que estaría poniendo la empresa al trabajador y no al sistema), dejando el mercado laboral nacional seriamente dañado. Una trampa en el sistema de pensiones que podría dejar un auténtico agujero económico en España.