La cacería de Yolanda Díaz contra las empresas para acribillarlas a multas

El Gobierno quiere fortalecer y modernizar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se 'armará' con una nueva herramienta de lucha contra el fraude que ayudará en su totalidad a la persecución de los contratos irregulares y demas ilegalidades: el big data. Con esta herramienta se investigarán todos los contratos laborales, analizando aspectos que varían desde el salario mínimo y las horas extra hasta las condiciones de becarios y falsos autónomos.

Así figura en el programa de Inspección y en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, donde se establecen los objetivos prioritarios y varias novedades. Entre ellas destaca una: la eliminación de límites a la hora de realizar esa inspección laboral. Si en 2021 se presupuestó investigar 470.000 contratos, aunque se quedó finalmente en casi 395.000, y en 2022 se prevé analizar 490.000, la casilla para el próximo año figura en blanco.

Todo ello forma parte del objetivo de los presupuestos para 2023 de "fortalecer el Sistema de Inspección y modernizarlo" para "atender a los retos y desafíos del mercado de trabajo actual". Con esta nueva revisión, se espera recuperar 1.100 millones de euros de los expedientes liquidados a las empresas por fraude en la cotización a la Seguridad Social.

Gracias a las nuevas herramientas Inspección de Trabajo tendrá entre sus prioridades vigilar el pago de los salarios, con "especial atención" al salario mínimo interprofesional, controlar las horas extra y las jornadas, reforzando el control en materia de tiempo de trabajo, tanto de los casos de horas extra irregulares como del trabajo a tiempo parcial que enmascara jornadas de trabajo superiores e incluso a tiempo completo.

Convertir contratos temporales en indefinidos

El Ministerio de Trabajo y Economía Social pondrá la lupa en convertir contratos temporales en indefinidos. La vigilancia y el control no solo se está quedando en la fotografía posterior a la reforma laboral, sino que las inspecciones miran los últimos tres años gracias a la ayuda del 'big data'. En total casi 300.000 contratos de trabajo temporales que son potencialmente indefinidos y con esta persecución se busca su estabilidad, maquillando las futuras estadísticas, además de sancionar a la empresa.

En un periodo de 30 meses, los empleados que trabajaran en un plazo superior a 24 meses, con dos o más contratos, pasaban de temporales a fijos. En este sentido, además de obligar a firmar contratos indefinidos, también hay sanciones. Con todo ello Yolanda Díaz busca hacer más efectiva así su reforma laboral, que había quedado en entredicho desde su salida del Congreso.

Vigilar la ley de repartidores

Aunque sin mencionarla explícitamente en el punto, el documento habla de "prestar atención a las transformaciones del mercado de trabajo, a las nuevas formas derivadas de la economía de las plataformas, digitalización y robotización", ya que implican "mutaciones en las empresas y en la prestación de servicios que amenazan los derechos de los trabajadores y trabajadoras por la utilización de fórmulas fraudulentas".

Todo ello es una clara referencia a los fraudes hechos por Glovo con sus falsos autónomos y por la que ha sido sancionada con 79 millones de euros. La sanción total es especialmente dura para una compañía que desafió la Ley de 'Riders', negándose a poner en nómina al grueso de sus repartidores, unos 10.000 repartidores. Con ella, el Ministerio de Trabajo ha buscado poner un antecedente que disuada en el futuro a otras empresas a realizar el mismo desafío.