Una pifia del Gobierno facilita que los más ricos eviten el pago de 500 millones
Los datos proporcionados por Hacienda revelan que estos grandes patrimonios tienen cuotas bonificadas de un millón de euros de media, que podrán imputarse para bajar su factura fiscal
La ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero.
Un error en la redacción de la ley estatal que buscaba gravar a los más ricos con el fin de evitar las bonificaciones fiscales que tienen las grandes fortunas en comunidades como la de Madrid, va a facilitar a estas personas que dejen de tributar el 80 por ciento de lo previsto por el Gobierno.
En concreto, se trata de 500 millones de euros en cuotas del Impuesto sobre el Patrimonio que un selecto grupo de unas 525 grandísimas fortunas con bienes y derechos declarados por encima de los 30 millones de euros se ahorran cada año gracias a las bonificaciones fiscales existentes fundamentalmente en la Comunidad de Madrid se quedarán fuera también del radio de actuación del gravamen a los ricos del Gobierno, que nació precisamente para corregir esa situación.
El error cometido por los grupos parlamentarios socialista y de Unidas Podemos en la redacción de la enmienda con la que se creó el nuevo impuesto, al replicar de forma literal la del Impuesto de Patrimonio y permitir así que los contribuyentes con cuotas bonificadas pudieran descontarse esa factura fiscal ficticia de la cuota final del impuesto a las grandes fortunas, ha abierto una vía de escape, que según las estimaciones realizadas por los servicios técnicos de las haciendas de Andalucía o Madrid permitirá reducir hasta en un 80% el pago real para estos contribuyentes.
Datos de Hacienda
Los datos sobre declarantes del Impuesto de Patrimonio correspondientes al ejercicio de 2021 difundidos ayer por lapermiten aproximar las consecuencias en euros contantes y sonantes de la pifia. Según esta información, ese año los 525 contribuyentes con más de 30 millones de euros de patrimonio declarado en la Comunidad de Madrid dejaron de pagar casi 494 millones de euros por la bonificación del 100% sobre su cuota fiscal existente en la región.
La cifra supone una cuota media cercana al millón de euros (940.659 euros), que esos contribuyentes no pagan a la Comunidad de Madrid, pero que sin embargo sí podrán sumar a su cuota de IRPF a los efectos de aplicarse el límite legal que impide que ambas cuotas superen el 60% de las rentas declaradas en el IRPF.
Según recoge el diario ABC, esto no significa necesariamente que esos contribuyentes vayan a poder salvar la totalidad de esos cerca de 500 millones del golpe del impuesto a los ricos, pero sí podría llegar a reducirlo hasta en un 80%, en función del principio que obliga a abonar al menos un 20% del gravamen.
De 1500 a 635 millones
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya estimó que el desliz del Gobierno en la regulación del nuevo gravamen reducíría su recaudación potencial desde los 1.500 millones de euros estimados por el Gobierno a solo 635 millones, una cantidad con la que apenas se rescataría el 50% de lo que los contribuyentes se ahorran gracias a las bonificaciones de los gobiernos regionales.
Los datos registrados por la Agencia Tributaria del ejercicio de 2021 revelan que estas bonificaciones restaron 1.226 millones de euros a la recaudación del impuesto. En total, este recaudó 1.352 millones.
Los llamados 'ultrarricos', como se denomina a aquellos contribuyentes que declaran un patrimonio de más de 30 millones de euros, no son los únicos que se beneficiarán de las lagunas en la regulación del gravamen sobre grandes fortunas. Los patrimonios de entre seis y 30 millones de euros también se ahorraron en 2021 unos 115.000 euros por cabeza gracias a los incentivos aprobados por la comunidades autónomas.
El diseñado por el Gobierno se aplicará sobre los patrimonios con más de tres millones de euros en bienes y derechos declarados. El tipo de impuesto será del 1,7% para los patrimonios de entre tres y cinco millones de euros; del 2,1% para los patrimonios de entre cinco y diez millones; y del 3,5% para los contribuyentes que declaren más de diez millones de patrimonio.
El gravamen ha generado una intensa batalla legal, que ha llevado a gobiernos autonómicos como los de Madrid, Andalucía y Galicia a recurrirlo ante el Constitucional, y a los afectados a impugnar las cuotas giradas por los contribuyentes.