El SMI no parece tan importante si el contrato es público

Las incongruencias del gobierno se suceden por todos lados, y la última es a costa de los trabajadores públicos. La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha rechazado este lunes adaptar las contratas públicas a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), señalado que el incremento de este salario "no puede ser a costa de la propia recaudación del conjunto de los españoles".

En el marco de las negociaciones con agentes sociales para subir el SMI, el Ministerio de Trabajo ha mostrado su disposición a estudiar la repercusión de algunas contratas públicas afectadas por la subida del SMI -planteado por Trabajo en el 4%- para trasladárselo a los ministerios competentes. La patronal lleva tiempo pidiendo que se indexe el SMI a los contratos públicos, una demanda con la que, a priori, están de acuerdo los sindicatos.

CCOO y UGT han recordado que ésta "no es una decisión" sólo de Trabajo, ya que el Ministerio de Economía y el de Hacienda son los competentes, por lo que desde Trabajo han apuntado que primero "tendrán que hablar entre ellos".

Para María Jesús Montero, no tendría ningún sentido que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fuera a costa de que las administraciones públicas tuvieran que hacer frente a un mayor coste por los servicios que prestan. "Pues entonces pagamos nosotros el Salario Mínimo Interprofesional, al menos en parte", ha alertado la ministra en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ha reafirmado así que su posición, a priori, es que "evidentemente la subida del salario mínimo no puede ser a costa de la propia recaudación del conjunto de los españoles".

"Indexación, aunque sea una palabra que a la gente le resulte rara, significa que ahora pagaremos por esos servicios más de lo que veníamos pagando anteriormente para que se pueda llegar a un acuerdo en la subida del salario mínimo interprofesional", ha señalado Montero, tras recordar que esta es una cuestión que siempre la han presentado la patronal y los empresarios.