Fedea muy critica con la Administración Española

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) pone negro sobre blanco algo que todos barruntábamos; la administración pública en España no funciona nada bien. 

Difícilmente puede alcanzar un país una senda de progreso sostenido si no cuenta con una administración eficaz al servicio de los ciudadanos. Una buena Administración pública, que sirva al interés general con eficacia, eficiencia, equidad y transparencia, es una herramienta imprescindible para el buen funcionamiento de una sociedad moderna, incluyendo su desempeño económico y su bienestar social, dice Fedea.

Un progreso duradero requiere confianza entre los distintos agentes sociales y, en particular, entre los sectores público y privado, y entre la administración y los ciudadanos a los que sirve. Dicha confianza ha de basarse en la transparencia de las actuaciones públicas, la eficiencia de la administración, siempre al día en materia de las tecnologías y métodos de servicio más eficientes, y su estricto cumplimiento de las normas.

Este organismo independiente viene mostrando algunos aspectos insatisfactorios del funcionamiento y desempeño de las administraciones públicas, así como un diagnóstico de algunas de las causas que pueden explicar tales disfunciones.

Por ofrecerles en grandes titulares las mencionadas conclusiones hablamos de que España cuenta con baja calidad normativa, un exceso de normas, y su frecuente modificación. O lo que es igual, las normas que se dictan son malas, hay un montón y se cambian constantemente lo que obliga a empresas y profesionales a destinar demasiados recursos en hacer un seguimiento de las mismas. Menos normas y más sencillas sería una solución clara.  

Encima, la ausencia de un sistema establecido de evaluación sistemática de las políticas públicas, a pesar de la normativa existente en tal sentido (incluyendo la reciente Ley de Institucionalización de la Evaluación, de 2022), hace que no se puedan analizar los errores cometidos y por tanto, tratar de subsanarlos. 

A pesar de lo que se nos anuncia constantemente, la reducida transparencia de los organismos públicos, especialmente los ministerios, hacia los ciudadanos, como refleja una ley de Transparencia cuyo reglamento no fue aprobado, a la espera de una reforma de la ley, que tampoco se ha llevado a cabo, ni está prevista, profundiza en esta cuestión. 

Hay, y más ahora con el actual Gobierno, un reducido nivel de colaboración público-privada, frecuentemente desincentivada por una ineficiente distribución de riesgos, y por la falta de confianza mutua.

La reducida productividad, que viene separándose sistemáticamente desde finales del siglo pasado de la evolución seguida en Europa.

La pendiente reforma fiscal, para la que se cuenta con dos propuestas recientes encargados por nuestros gobiernos a expertos.

Estos elementos afloran reiteradamente en las distintas ponencias que configuran este informe. Son, por tanto, preocupaciones compartidas por distintos analistas, que afectan a aspectos muy diferentes de la gestión pública, lo cual debería otorgarles una relevancia especial. 

Tales inquietudes aparecen no sólo en las reflexiones teóricas de carácter general que se hacen en algunas ponencias, sino también en el análisis de políticas públicas y leyes muy concretas, incluyendo las políticas activas de empleo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las leyes de ciencia y de evaluación de políticas públicas y diversas actuaciones en materia de transición energética y turismo.