La productividad sigue siendo el gran reto de la economía española

El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa; y su director general, Gregorio Izquierdo; han presentado el informe “La productividad como el gran reto pendiente de la economía española”, en el que se recoge que la última década (2013-2023) ha representado, para España, una pérdida de la convergencia real con Europa, ya que nuestro PIB per cápita ha aumentado, prácticamente, lo mismo que el de la Unión Europea (16,1% frente al 15,7%). 

Es más, si se limita al lapso más reciente (2018-2023) nuestro PIB per cápita ha retrocedido en términos relativos debido a que solo ha crecido un 4,5% acumulado, cuando la UE ha conseguido incrementarlo en un 5,8%. De hecho, nuestra renta per cápita relativa frente a la UE, en el 2023, se sitúa en el 89,2%, cuando, en el año 2018, llegamos a alcanzar el 92,5%, lo que supone un retroceso de más de 3 puntos relativos.

En términos de convergencia en renta per cápita en la UE en el periodo 2013 a 2023, se evidencia, claramente, que, en general, los países con mayor dinamismo de su renta per cápita, a su vez, eran países con una menor renta per cápita relativa de partida, lo que supone que han avanzado en su proceso de convergencia real, como es el caso de Irlanda, Rumanía, Polonia, Croacia, Bulgaria, Malta, Hungría, Lituania, Chipre y Letonia. 

La principal explicación de que España no haya apenas reducido su brecha respecto a la UE entre 2013 y 2023 se debe, ante todo, a que nuestra productividad (PIB por hora) solo ha crecido un 4,2%, que es, aproximadamente, la mitad del aumento del 8,1% de la productividad (PIB por hora) registrada por la UE en este periodo. 

Además, la reducción de la jornada media del 3,4% en España y, por lo tanto, por encima de la disminución del 2% de esta jornada media en Europa, supone que, en términos de productividad por ocupado, el retroceso relativo de España haya sido superior. En este sentido, la productividad por ocupado, entre 2013 y 2023, ha crecido un 5,9% en la UE, mientras que, en España, tan solo lo ha hecho en un 0,7%, cifra tan limitada que implica un cierto estancamiento de este componente que justifica que el mismo deba ser objeto de atención dentro de nuestra política económica. Es más, de 2018 a 2023 la productividad por ocupado ha descendido, en España, un 1,9% cuando, en este mismo lapso, la productividad por ocupado de la UE se ha incrementado en 1,3%. Esta pérdida se explica, en buena medida, por la fuerte reducción de la jornada media registrada en España desde el año 2018 con un retroceso de esta del 3,8% frente a la disminución del 1,5% acontecida en la UE.

Nuestro diferencial negativo de productividad, en la práctica, ha impedido que la fuerte mejora de la tasa de empleo registrada entre 2013 y 2023, que fue del 16,8% en España frente al 13,6% de la UE, haya podido impulsar nuestra renta per cápita relativa. 

De cualquier modo, la mejora de nuestra tasa de empleo relativa del periodo se explica más por el incremento registrado entre 2013 y 2018 (13,6% en España frente al 7,6% de la UE) que por la variación de la tasa de ocupación desde 2018 hasta la actualidad, ya que su incremento del 2,8% es inferior al 5,6% registrado, en promedio, en la UE.

En un contexto de atonía de la renta per cápita en relación con la UE, es primordial reconocer la aportación positiva de aquellas regiones cuya renta per cápita ha crecido por encima de la UE entre 2013 y 2022, que son, exactamente por orden de mejora, Galicia, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. 

Regiones que lo hacen bien 

Con la excepción de Galicia, estas regiones han tenido un dinamismo positivo de la población, lo que, a su vez, evidencia que es posible conciliar aumentos del nivel de vida (renta per cápita) en contextos demográficos de expansión, siempre y cuando se den las condiciones favorables tanto para la creación de empleo como para la mejora de la productividad.

El hecho de que algunas regiones hayan apostado por modelos de competitividad fiscal pueden ser factores determinantes para explicar tanto su mayor crecimiento económico como su capacidad de tracción económica con el resto de España. 

Por ello, es imprescindible, en un contexto de posible futura reforma de la financiación autonómica, que se recupere y potencie el principio de corresponsabilidad fiscal, para que las regiones que así lo deseen no tengan una desventaja tributaria con relación a sus competidores con el resto de Europa y se creen círculos virtuosos de eficiencia del gasto público que, a su vez, está muy vinculada a la existencia de corresponsabilidad fiscal. 

De otro modo, se produciría un deterioro relativo no solo de las regiones perjudicadas en cuanto que se ven limitadas sus posibilidades de corresponsabilidad fiscal, sino del resto de las regiones, que perderían el efecto arrastre de su dinamismo económico. 

Lo importante no es que tengamos el mismo sistema fiscal en España, si ello lleva consigo un retroceso de nuestra renta relativa. Es mucho mejor converger, desde el punto de vista fiscal, con las mejores prácticas de las regiones más desarrolladas de Europa como vía para aproximarnos a su productividad y a su nivel de vida. En este sentido, las regiones españolas que durante la última década han tenido sistemas fiscales menos competitivos coinciden, a su vez, con una peor progresión de su renta per cápita, lo que confirma la estrecha relación entre ambas variables.

Los factores que más relevancia presentan en su contribución al aumento de la productividad se pueden concentrar en cinco grupos o categorías principales. Es fundamental el capital físico, donde sobresale la cantidad y la calidad de las inversiones, tanto públicas como privadas, con las infraestructuras jugando un papel determinante; el capital humano, destacando la cualificación de los trabajadores; el capital tecnológico, particularmente la capacidad para innovar; el marco regulatorio e institucional, es decir, el papel que desempeñan las Administraciones, que inciden en temas como la fiscalidad o la seguridad jurídica; y el entorno empresarial, donde influye el dinamismo y el tamaño de los mercados, así como el tamaño empresarial, entre otros.

Soluciones, no problemas 

Es necesario incidir positivamente sobre estos factores, tanto desde un punto de vista de su dotación como de su calidad, que presentan correlaciones positivas y elevadas con la productividad. De esta forma, se favorecerá la atracción de inversiones y se dinamizará el crecimiento de nuestra economía, lo que permitirá aumentar el PIB per cápita en los territorios españoles, pudiéndose aproximar a los mejores estándares europeos. Otra de las claves para mejorar la productividad es implementar estrategias que estén interconectadas.

La transformación y modernización de nuestra economía y, en general, la mejora de nuestros niveles de innovación, productividad y competitividad es indispensable por crear un clima favorable a la actividad empresarial, que permite a las empresas desarrollarse y crecer. 

Y, para alcanzarlo, es condición necesaria un marco regulatorio e institucional que proporcione estabilidad y certidumbre, con especial atención a la protección del principio de libertad de empresa y a una fiscalidad que haga atractivo a nuestro país. 

En este último ámbito, es inapelable reducir la presión fiscal empresarial y sobre el ahorro en España, ya que ambas son considerablemente superiores a la media de la OCDE y de la UE. Por ello se propone adecuar la tributación del Impuesto sobre Sociedades a la capacidad económica real de las empresas considerada interanualmente, reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y los tipos marginales del IRPF. 

También se plantea eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio y reducir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Por último y no menos importante, hay que promover el crecimiento del tamaño de las empresas, ya que fortalece su capitalización, fomenta la inversión y el empleo y produce una mayor propensión a innovar y a exportar. 

En este espacio, es importante reexaminar la legislación fiscal para evitar desincentivar el aumento del tamaño empresarial, revisando umbrales de facturación para impuestos como el IVA y el Impuesto sobre Sociedades; simplificar las normativas que rigen las fusiones o adquisiciones de empresas, así como la fiscalidad relacionada y ampliar la oferta de planes de financiación alternativos al crédito bancario.