La justicia belga sube a 80M€ el embargo a España por los impagos de las renovables

En los últimos años, España ha incumplido más de 25 laudos internacionales, que la obligan a pagar 1.560 millones de euros en indemnizaciones debido a la retirada retroactiva de las primas renovables. A esta suma se añaden más de 315 millones en sobrecostos legales y financieros derivados de estos incumplimientos.

Este patrón de impagos ha causado un perjuicio a la economía nacional estimado en más de 7.340 millones de euros, debido a la inseguridad jurídica generada. Además, los afectados han iniciado acciones legales para embargar activos financieros e inmobiliarios de España en tribunales de Reino Unido, Bélgica, Australia y Estados Unidos.

El 10 de julio se hizo pública la decisión de la justicia belga de ordenar el embargo de una cuenta bancaria de Enaire, el accionista mayoritario de Aena. Enaire recibe mensualmente los pagos de Eurocontrol a los países del espacio aéreo europeo por servicios de gestión y manejo del tráfico aéreo. La empresa denunciante, Blasket Renewable Investments, es una de las muchas afectadas por los impagos.

El 23 de julio, Eurocontrol acató la orden de la justicia belga e informó a la empresa denunciante que el monto embargado asciende a 83.727.792,99 euros (83,7 millones de euros), de los cuales 79.987.601,52 euros corresponden a pagos pendientes a Enaire por los servicios de gestión del tráfico aéreo en junio. La orden de embargo permanecerá vigente hasta que se resuelva el conflicto, lo que significa que los pagos futuros también podrían ser bloqueados.

Es probable que otros inversores afectados se sumen a estas acciones, ya que la justicia belga permite que otros acreedores se beneficien de esta medida de protección. El gobierno español tiene una propuesta de resolución de las empresas afectadas, pero la negativa de la ministra Teresa Ribera a negociar una solución podría resultar en nuevos embargos, mantener la inseguridad jurídica y afectar su carrera política en Europa, además de dañar la inversión en energías verdes. Los afectados instan a Ribera a reconsiderar y buscar una resolución que ponga fin a los impagos.