El mito del maltrato fiscal a Cataluña

Por si andan con mucho lío y no se pueden leer este artículo entero les adelanto la conclusión principal: En el caso catalán, resulta cuando menos discutible que la ausencia de privilegios constituya base suficiente para una acusación de maltrato acompañada de la petición de sustanciales reparaciones. Aceptar cualquier compromiso en esta línea sería un pésimo punto de partida para la muy necesaria reforma del sistema de financiación autonómica.

Es decir y como viene haciendo Fedea desde hace años es un mito que Cataluña sea maltratada fiscalmente. Al menos igual o menos que otras Comunidades Autónomas y que de reformarse el sistema todos deberían beneficiarse de ese nuevo reparto. 

Fedea comparte con este periódico una nueva entrega de la serie Food for thought dedicada a las balanzas fiscales regionales. El tema vuelve a ser de máxima actualidad a raíz de las exigencias en materia de financiación autonómica de dos partidos nacionalistas catalanes, ERC y Junts, que son además decisivos tanto para la formación de un nuevo Govern de la Generalitat como para la continuidad del actual Gobierno central. 

Ambos partidos exigen el establecimiento de un régimen singular para Cataluña, similar al sistema foral de concierto o convenio, que permita a la Generalitat recaudar todos los impuestos en su territorio y limitar sustancialmente su contribución a la caja común del Estado para así eliminar, o al menos reducir sustancialmente, el déficit fiscal de la comunidad, que la Generalitat ya cifra en más de 20.000 millones de euros anuales, o casi un 10% del PIB regional.

Esta abultada cifra es parte esencial del argumento de los partidos nacionalistas catalanes para exigir un cambio radical del sistema de financiación autonómico que ponga fin al penoso maltrato fiscal que, en su opinión, sufre su comunidad. 

El trabajo de Fedea cuestiona la validez de la tesis nacionalista del maltrato fiscal a Cataluña. Tras explicar brevemente qué son las balanzas fiscales y cómo se construyen o deberían construirse, el informe se pregunta qué hemos aprendido de las numerosas balanzas fiscales que se han elaborado en el mundo en las últimas décadas, fundamentalmente para España, pero también ocasionalmente para otros países.

La conclusión central del documento es que, en términos generales, las cosas son más o menos como deberían ser en este ámbito. En su conjunto, los estudios disponibles muestran un patrón consistente de redistribución regional en el que la actuación del sector público tiende a reducir las diferencias de renta entre territorios dentro de cada país, con transferencias netas que generalmente reflejan el nivel de renta relativa de cada uno de ellos. 

Como sucede a nivel individual, los ricos pagan más impuestos, pero en general reciben más o menos los mismos servicios públicos, y generan por tanto un excedente fiscal que es lo que financia la redistribución. Existen, por otra parte, excepciones a esta regla que podrían exigir actuaciones correctivas y las balanzas pueden ayudarnos a identificarlas, lo que las convierte en una herramienta al menos potencialmente interesante, a la que no deberíamos renunciar.

Hay una relación existente entre el saldo fiscal por habitante de distintos territorios españoles y extranjeros y su nivel de renta per cápita (relativa al correspondiente promedio nacional). La más chocante es la posición de las comunidades forales (y en menor medida las de Aragón y la Rioja), que disfrutan de saldos fiscales positivos pese a estar entre las regiones más ricas. 

También resultan sorprendentes las situaciones de Valencia, que presenta un saldo deficitario pese a situarse por debajo de la renta media por habitante, y de Murcia, que está prácticamente en equilibrio a pesar de su reducido nivel de renta.

Lo que no llama en absoluto la atención es la posición de Cataluña. Puesto que esta comunidad está entre los territorios con mayor renta per cápita, lo esperable es que presente un déficit fiscal y así sucede, aunque su cuantía es significativamente menor que la que calcula la Generalitat por un procedimiento sesgado. Es más, la comunidad se sitúa casi exactamente sobre la recta ajustada de regresión que describe lo que podríamos llamar la relación "normal" en España entre renta per cápita y saldo fiscal regional, lo que nos dice que el tamaño de su déficit es aproximadamente el que “le toca” de acuerdo con su nivel de renta. La posible inequidad no estaría, por tanto, en el déficit, sino en su eliminación.

Si se comparan las cifras con datos de una serie de países avanzados (Italia, Canadá, Australia y el Reino Unido) para los que se dispone de estimaciones de saldos fiscales regionales al menos aproximadamente comparables a las españolas. Lo llamativo aquí tampoco es la situación de Cataluña, que se ajusta perfectamente al patrón típico, sino la de algunas regiones de renta elevada que reciben un tratamiento fiscal particularmente favorable. 

Entre ellas están nuestros territorios forales, las regiones especiales italianas fronterizas con Austria, Londres o la región canadiense de Alberta. Algunos de estos datos podrían ser un tanto engañosos o reflejar situaciones muy peculiares. En el caso de Londres, por ejemplo, parece probable que se le esté atribuyendo a la capital todo el coste directo de funcionamiento de la administración central británica, infravalorando así su déficit efectivo. En cuanto a Alberta, su elevado PIB per cápita refleja una elevada producción petrolera que, en buena parte, no se refleja en la renta personal de sus residentes y no paga por tanto impuestos federales, aunque sí los cánones sobre la explotación de recursos naturales que se quedan las provincias canadienses.