La deuda pública supera el 108% del PIB
La deuda de las administraciones de nuestro país alcanzó los 1.625 miles de millones de euros en junio, superando el 108% del PIB y dejando claro las crecientes tensiones fiscales que afectan a nuestra economía.
Deuda de la administración pública
En un contexto de creciente incertidumbre económica, la deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) en España ha alcanzado un nuevo máximo histórico, situándose en 1.625 miles de millones de euros en junio de 2024. Este incremento, que supone un 3,6% más que en el mismo periodo del año anterior, ha elevado la ratio deuda/PIB al 108,2%, consolidando una preocupante tendencia al alza que se ha mantenido en los últimos trimestres.
El aumento de la deuda pública es un reflejo de las presiones económicas y fiscales a las que se enfrenta el país. El Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), que es el estándar utilizado en el ámbito del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea para medir el endeudamiento de las administraciones públicas, muestra un panorama en el que la sostenibilidad de las finanzas públicas está cada vez más en entredicho. La persistencia del déficit estructural, las políticas expansivas para mitigar los efectos de la inflación y la creciente necesidad de financiación son factores clave que han impulsado este endeudamiento.
El Estado continúa siendo el principal responsable del endeudamiento, con un saldo que ha alcanzado los 1.468 miles de millones de euros en junio de 2024, lo que representa un aumento del 5,1% en comparación con el año anterior. Este incremento subraya la dificultad para contener el déficit estructural en un contexto donde los ingresos fiscales no logran cubrir las crecientes necesidades de gasto, exacerbadas por las medidas expansivas adoptadas en respuesta a la inflación y otros desafíos económicos.
Por otro lado, las Otras Unidades de la Administración Central, que incluyen organismos y entidades bajo la administración estatal, han mostrado un comportamiento diferente. En junio de 2024, la deuda de estas entidades se redujo a 39 miles de millones de euros, lo que supone una disminución del 8,3% respecto al año anterior. Esta reducción podría estar asociada a un esfuerzo por racionalizar los recursos y contener el gasto en ciertos sectores de la administración central, buscando optimizar la eficiencia en la gestión de los fondos públicos.
Sin embargo, el panorama es más preocupante en el ámbito de las Administraciones de la Seguridad Social. La deuda en este sector ha aumentado un 9,4%, alcanzando los 116 miles de millones de euros en junio de 2024. Este crecimiento refleja las tensiones cada vez más pronunciadas en el sistema de pensiones y prestaciones sociales, agravadas por el envejecimiento de la población y la presión constante sobre los recursos financieros destinados a estos fines. La sostenibilidad del sistema de Seguridad Social es, por tanto, uno de los grandes retos a los que se enfrenta el país en el corto y medio plazo.
Deuda de las administraciones territoriales
En cuanto a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas también ha mostrado un incremento, situándose en 338 miles de millones de euros en junio de 2024, con una variación interanual del 3,2%. Este aumento pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las regiones para equilibrar sus presupuestos, especialmente en un entorno en el que las transferencias del Estado y la recaudación tributaria no siempre son suficientes para cubrir las necesidades locales.
Por otro lado, las Corporaciones Locales han logrado reducir su deuda, aunque de manera modesta. En junio de 2024, la deuda de estos organismos se situó en 24 miles de millones de euros, lo que representa un descenso del 0,7% en comparación con el año anterior. Esta reducción sugiere un cierto control del gasto en el ámbito municipal, aunque su impacto en el conjunto de la deuda pública es limitado.
Un aspecto relevante del informe es la consolidación de la deuda dentro del conjunto de las Administraciones Públicas, que ha experimentado un incremento del 9,6%, alcanzando los 359 miles de millones de euros. Esta consolidación excluye la deuda que está en poder de los diferentes subsectores que componen el sector público, lo que refleja un aumento significativo en el volumen de deuda intragubernamental. Este fenómeno resalta las complejidades de gestionar una deuda pública fragmentada entre múltiples niveles de administración, lo que añade una capa adicional de desafío a la sostenibilidad fiscal.
El panorama que dibujan estas cifras es alarmante. La escalada de la deuda pública, con una ratio deuda/PIB que supera el 108%, pone en jaque la sostenibilidad fiscal del país. Las Administraciones Públicas se enfrentan a un desafío monumental para evitar que la carga financiera se convierta en un obstáculo insuperable para el crecimiento económico y el bienestar social.
En este contexto, es urgente que el gobierno y las administraciones territoriales aborden las causas estructurales del endeudamiento. Es necesario desarrollar políticas que no solo mitiguen el déficit a corto plazo, sino que también aseguren una mayor sostenibilidad fiscal a largo plazo. Sin un cambio de rumbo, la creciente carga de la deuda podría limitar la capacidad del país para responder a futuras crisis económicas y comprometer su estabilidad financiera en las próximas décadas.
