La censura es Sánchez

En pleno siglo XXI, en una España democrática que debería defender la libertad de expresión y el derecho a la información, Pedro Sánchez ha propuesto una ley más propia de regímenes autoritarios que de un gobierno plural, que admite diversidad de opiniones y escucha a sus ciudadanos. 

La llamada "Ley de Información", que supuestamente busca combatir la desinformación, se está perfilando como una peligrosa herramienta de control gubernamental, una maniobra para silenciar voces críticas y moldear la realidad a conveniencia de quien ejerce el poder.

El derecho a la información, consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución, no es solo un privilegio, sino una de las piedras angulares de la democracia porque afecta a la libertad de opinión, a la libertad de recibir y comunicar una pluralidad de opiniones e ideas que permita a los ciudadanos formarse una opinión crítica y, sobre todo, independiente. 

Sin embargo, lo que Sánchez propone con esta ley es dar al Gobierno la potestad de controlar el relato y escribir la realidad desde su punto de vista, decidiendo qué es "veraz" y qué no. ¿Realmente podemos confiar en que un gobierno, con intereses políticos claros, sea el árbitro de la verdad? La historia nos enseña que la verdad no tiene bandera ni religión, y cuando el poder tiene el control sobre la información, los abusos no tardan en llegar.

No podemos engañarnos. Aunque hayan empaquetado la censura con envoltorio de ley para combatir "noticias falsas", la realidad es que pretenden uniformar nuestro pensamiento y convertirnos en soldados de sus intereses. 

Otorgar al Ejecutivo el poder de filtrar la información supone entregarle la más potente herramienta para silenciar críticas, para manipular el discurso y consolidar una narrativa oficial que solo beneficie al poder. ¿Es esto lo que queremos para España? ¿Un gobierno que decida lo que podemos leer, escuchar o ver?

Dentro de sus planes de regeneración democrática, Sánchez también ha propuesto reformar la ley de publicidad institucional para limitar la financiación pública de ciertos medios. El Gobierno afirma que la medida sigue el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, aprobado en marzo.

El objetivo de la nueva normativa, según el reglamento, es "establecer salvaguardas contra injerencias políticas en las decisiones editoriales, proteger a los periodistas y sus fuentes, y garantizar la libertad y pluralismo de los medios". El combate a la desinformación es necesario, pero nunca debe librarse a costa de la libertad de expresión ni del derecho a la información.

La excusa de la desinformación

La solución no puede ser que el Gobierno se convierta en árbitro de la verdad. En lugar de fomentar una prensa libre e independiente que contraste y verifique la información, Sánchez parece preferir un escenario en el que las voces incómodas pueda ser amordazadas bajo el pretexto de "combatir fake news".

Ejemplo vivo y reciente de cómo esta ley puede afectar a la libertad de prensa es el reciente caso Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez. A finales de 2023, varias noticias que criticaban su actividad profesional generaron polémica. 

La ley de información, en caso de haber estado vigente, podría haberse utilizado para limitar la cobertura mediática de “un proceso judicial”, calificando la información como “desinformación” o bulo, para lograr enmudecer la libertad informativa en esta situación incómoda para el Gobierno o para su presidente.

El contraste entre la proclamada defensa del pluralismo y los riesgos de la censura gubernamental se ha vuelto evidente con la coincidencia temporal entre la ley de información y la avalancha de críticas hacia la figura de Gómez, generando dudas sobre la verdadera finalidad de la norma.

Se trata de censura encubierta, pero al final es censura que mata el pluralismo, porque nuestra sociedad no es dual, sino plural, y la información no debe ser de derechas ni de izquierdas, sino reflejar los intereses, las ideas y los valores de tantos grupos diferentes como conforman España. La heterogeneidad ideológica solo se defiende a través de la diversidad informativa, lejos de campañas populistas o elitistas.

No olvidemos que la libertad de prensa es el cuarto poder, el que mantiene al resto bajo control. Si permitimos que se limite esa libertad, si dejamos que Sánchez y su Gobierno decidan qué información nos llega, habremos dado un paso peligroso hacia un modelo autoritario donde la crítica y el debate son reemplazados por el monólogo gubernamental.

No permitamos que esto ocurra. Los españoles tenemos derecho a recibir información libre y plural, sin filtros impuestos por quienes ostentan el poder. La "Ley de Información" no es más que “una ley de control de la información”, un intento de Sánchez de controlar la narrativa pública , una ley que, bajo el pretexto de protegernos, nos priva de lo más importante: nuestra libertad para decidir qué creer y qué cuestionar.