La incoherencia que desacredita a España

La paradoja del cumplimiento normativo en España es difícil de ignorar. Mientras el legislador impone rigurosos controles de compliance a las empresas, el propio Gobierno, parece saltarse estas mismas normas que exige a otros. Casos de presunta corrupción y tráfico de influencias, como los que están siendo objeto de investigación judicial, generan la percepción de que el Ejecutivo actúa con total impunidad, lo que erosiona la confianza en nuestras instituciones y proyecta una imagen de inseguridad jurídica ante el mundo.

El denominado compliance se refiere al conjunto de políticas y procedimientos que las organizaciones, incluidas empresas, partidos políticos y entidades públicas, implementan para asegurar el cumplimiento de las leyes y normativas, así como para fomentar la ética y la transparencia. Este concepto busca prevenir conductas punibles, por supuesto corruptas, y garantizar que todos actúen conforme a la legalidad y los valores éticos. Sin embargo, cuando quienes promueven estas normas no las respetan, se erosiona la confianza en el sistema, creando un entorno donde la arbitrariedad parece prevalecer sobre el Estado de Derecho.

En este sentido, es imperativo que todos los partidos políticos, independientemente de su ideología y pactos internos de poder, adopten una postura pública de tolerancia cero ante cualquier situación de corrupción. El simple hecho de no actuar por intereses políticos, o de mirar hacia otro lado para evitar conflictos y acuerdos, de poder deja en entredicho la legalidad y la seguridad jurídica del país. La falta de contundencia frente a estos casos transmite un mensaje de permisividad que socava la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en el sistema democrático.

Respetar la presunción de inocencia no significa permanecer inactivos ante indicios de criminalidad. La adopción de medidas preventivas en caso de que se inicie una investigación judicial no vulnera la Constitución, sino que protege la integridad de las instituciones y de la función pública. En muchos ámbitos, el inicio de una investigación es suficiente para tomar medidas que salvaguarden la reputación de la organización, como la suspensión temporal de responsabilidades. En el ámbito político, esto debería aplicarse con mayor rigor, dado el impacto que tiene en la imagen y estabilidad del país.

Esta incoherencia no solo desanima a inversores y socios internacionales, sino que también mina el compromiso de las organizaciones privadas con la transparencia y el buen gobierno. ¿Cómo pueden las empresas tomarse en serio las exigencias de compliance cuando el propio Gobierno no predica con el ejemplo? El mensaje que se envía es claro: Hagan lo que digo, no lo que hago. Y eso, en un Estado de Derecho, es inaceptable.

Para revertir esta situación, el Ejecutivo y todos los partidos deben actuar con total transparencia y aplicar sanciones contundentes ante cualquier caso de corrupción, incluso con carácter cautelar, sin importar la posición del involucrado o el coste político que esto implique. Esto no solo restauraría la confianza interna y externa en nuestras instituciones, sino que demostraría un compromiso real con la integridad. Y si el presidente Sánchez perdiera la confianza de sus socios en el Congreso, la moción de censura sería el mecanismo adecuado para destituirlo. Este proceso, que requiere una mayoría en el Parlamento, es fundamental para preservar la integridad del sistema democrático y la estabilidad del país.

En resumen, no se puede exigir a los demás lo que uno no está dispuesto a cumplir. Si queremos un país en el que la ley sea la misma para todos, el Gobierno y los partidos políticos deben ser los primeros en dar ejemplo, enfrentando la corrupción con valentía y firmeza. Solo así lograremos restaurar la confianza perdida y proyectar una imagen de España como un país serio, comprometido con la legalidad y capaz de ofrecer seguridad jurídica a quienes deciden invertir y colaborar con nosotros.