TRIBUNA INVITADA
La indepencia judicial, un muro de contención frente a la politización del poder
La justicia equitativa es el cimiento sobre el que se construye una sociedad democrática y equilibrada, una realidad de la que, como nos recuerda Margarita Santana, el gobierno de Pedro Sánchez nos aleja cada vez más.
Sánchez y la independencia judicial
En los últimos años, la justicia española ha demostrado ser uno de los pocos baluartes en defensa de la Constitución ante las crecientes presiones políticas. En un entorno de polarización, figuras clave de la judicatura y la fiscalía, como el juez Juan Carlos Peinado, el magistrado Manuel Marchena, y el juez Manuel García-Castellón, han mostrado un compromiso inquebrantable con la imparcialidad y la legalidad, aun en casos con grandes implicaciones políticas y sociales. Sin embargo, la verdadera amenaza para la Justicia no reside en los casos individuales, sino en la politización creciente de las instituciones clave, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado.
El caso Begoña Gómez y la firmeza del juez Peinado
El juez Juan Carlos Peinado, a cargo de la investigación del caso Begoña Gómez, ha demostrado una fortaleza y valentía notables al investigar presuntos delitos de tráfico de influencias vinculados a la cátedra dirigida por la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A pesar de la presión política, la investigación judicial ha sido ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid. El Instructor ha seguido adelante sin dejarse intimidar, recordándonos que la independencia judicial es lo que garantiza que la Justicia se aplique de manera imparcial, incluso cuando los intereses de los más poderosos están en juego.
El caso Koldo: corrupción durante la pandemia
De forma paralela, la Audiencia Nacional, bajo la dirección del juez Manuel García-Castellón, está investigando el caso Koldo, una trama de corrupción relacionada con contratos durante la pandemia en la que han sido detenidas más de 14 personas, incluyendo a Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos, su esposa, su hermano y el empresario Víctor de Aldama, entre otros.
La investigación, liderada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, apunta a delitos de tráfico de influencias, cohecho y organización criminal, relacionados con contratos de material sanitario adjudicados a empresas durante la crisis del COVID-19. Entre estos contratos, destacan los adjudicados por los ministerios de Transportes e Interior, además de varias comunidades autónomas, como Baleares y Canarias.
El juez Manuel García-Castellón y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están dirigiendo la investigación, que también ha involucrado a empresas fantasma, como Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, las cuales gestionaron contratos millonarios. La trama habría generado comisiones ilegales a partir de contratos por valor de 53 millones de euros durante la pandemia.
Esta trama de corrupción y tráfico de influencias se relaciona con la gestión irregular de contratos públicos durante la pandemia, incluidas la compra de mascarillas defectuosas.
La firmeza de García-Castellón en este caso destaca la importancia de mantener una Justicia independiente para que las investigaciones puedan avanzar sin interferencias políticas.
El juicio del procés y la impecable labor de Manuel Marchena
Uno de los juicios más mediáticos y políticamente delicados de los últimos años fue el del procés catalán, que estuvo bajo la dirección del magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Este proceso, televisado a nivel internacional, fue gestionado con una profesionalidad intachable por Don Manuel, quien logró mantener la imparcialidad y el respeto a la Constitución en medio de un contexto cargado de tensiones políticas.
La sentencia emitida por el Supremo fue considerada por muchos juristas, entre los que me incluyo, como un ejemplo de cómo la Justicia puede actuar con rigor, incluso en los casos más politizados. Sin embargo, este esfuerzo judicial ha sido recientemente socavado por la intervención política a través de la Ley de amnistía, que ha anulado los efectos de la sentencia del Supremo. Este hecho ha generado un debate nacional e internacional sobre la separación de poderes y la independencia judicial, en todo un ejemplo de vulneración de la separación de poderes e intervencionismo.
La politización del CGPJ y la Fiscalía General: un peligro evidente
El verdadero peligro para la justicia española no reside solo en los casos individuales, sino en el control político sobre las instituciones clave de la judicatura y fiscalía. El CGPJ, encargado de supervisar la independencia judicial, se ha convertido en un terreno de batalla entre los partidos políticos, que bloquean su
renovación para obtener influencia sobre los jueces. Este sistema, donde los miembros del CGPJ son elegidos por el Parlamento, ha sido capturado por los intereses partidistas, deteriorando la confianza pública en la imparcialidad del sistema y generando una enorme inseguridad jurídica.
La Fiscalía General del Estado, directamente designada por el Gobierno, también ha sido criticada por su falta de independencia. El reciente caso del fiscal Ignacio Stampa, quien fue apartado de la investigación del caso Villarejo por su brillante trabajo, que puso a Villarejo y sus secretos al descubierto, pone en evidencia cómo la intervención política en el nombramiento de fiscales puede debilitar la lucha contra la corrupción y poner en peligro investigaciones clave
Necesidad urgente de una reforma estructural
Es imprescindible que España avance hacia una reforma estructural que elimine la intervención política en la selección de jueces y fiscales. El nombramiento del CGPJ y la Fiscalía General deben ser reformados para garantizar que sus miembros sean seleccionados exclusivamente por méritos profesionales y no por influencias políticas. Solo un sistema verdaderamente independiente puede asegurar que la Justicia siga siendo un contrapeso efectivo frente a los abusos del poder ejecutivo y legislativo.
España necesita un sistema judicial fuerte e independiente, en el que jueces y fiscales puedan ejercer su labor sin las presiones del poder político. La reforma constitucional del CGPJ y la Fiscalía General del Estado no solo es una necesidad legal, sino un paso esencial para proteger nuestra democracia y garantizar que la Justicia siga siendo un pilar inquebrantable.
Como dice el refrán: “A cada uno lo suyo, y justicia a todos”, recordándonos que la justicia equitativa es el cimiento sobre el que se construye una sociedad democrática y equilibrada.