Podemos propone un impuesto de 7,85 euros por billete de avión y Sumar plantea otro para yates

Podemos ha propuesto en el Congreso establecer un nuevo impuesto de 7,85 euros en cada billete de avión, así como otro gravamen sobre el queroseno que utilizan las empresas de transporte aéreo. También Sumar, socio minoritario del Gobierno, plantea otro impuesto medioambiental sobre yates y jets privados.

Las propuestas se recogen en las enmiendas registradas a la ley para establecer un impuesto mínimo global del 15% para empresas multinacionales.

En una de esas enmiendas, la formación 'morada' plantea que las aerolínea incorporen ese "impuesto especial" en el precio de sus billetes, debiendo ingresar trimestralmente su recaudación en los mismos plazos previstos para la presentación de las declaraciones trimestrales del IVA.

Asimismo, sería el Ministerio de Hacienda el departamento que dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación del impuesto. La formación de Ione Belarra se limita a justificar su enmienda, recogida por Europa Press, en una "mejora técnica" al texto legislativa actualmente en tramitación.

El Queroseno no se libra 

En lo que respecta al queroseno, Podemos quiere que las aerolíneas abonen 10,75 euros por gigajulio de energía generado con la utilización de este material. En este caso, la obligación de pago nacería el primer día del año natural y debiera satisfacerse durante los primeros 20 días naturales de septiembre de ese año.

Por su parte, Sumar ha planteado introducir una disposición adicional a la ley para crear un nuevo gravamen de solidaridad ambiental a los bienes de lujo como aviones privados, yates o coches de lujo a partir de 2025.

Aunque no se especifica la cuantía del gravamen, el grupo plurinacional dice que este no sólo se plantea como una herramienta financiera, sino como "un símbolo de justicia y responsabilidad compartida" en un momento en que la lucha por un futuro sostenible "es más crucial que nunca".

Solidaridad medioambiental mal entendida 

Sumar argumenta que la posesión y el uso de bienes de lujo, lejos de ser un fenómeno aislado, permiten reflejar patrones de consumo que están "desproporcionadamente" conectados con altos niveles de emisión de carbono y un estilo de vida que ignora la crisis ambiental. En este sentido, alegan que gravar estos bienes es una forma de reconocer que quienes tienen la capacidad de consumir en exceso "también tienen la responsabilidad de contribuir a la mitigación de los efectos de sus elecciones".

A renglón seguido, los de Yolanda Díaz señalan que el gravamen se presenta como una forma de redistribuir el peso de las soluciones ambiental, de modo que aquellos que disfrutan de un lujo ostentoso "a menudo se encuentran en la cúspide de la pirámide económica, beneficiándose de privilegios y recursos que la mayoría de la población no tiene".