Un amigo del ex juez Garzón elaboró el 'informe ONU' contra Leyes de Concordia

El argentino Fabian Salvioli, la guineana Aua Baldé y el chileno Morris Tidball-Binz han sido los tres relatores internacionales encargados de elaborar el informe en contra de las leyes de concordia que PP y Vox impulsan en Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana y que el Gobierno de Sánchez está utilizando para desacreditarlas con el pretexto de que “la ONU las censura”.

Sin embargo, estas tres personas podrían tener intereses políticos en poner en cuestión las leyes de concordia para dar alas a la estrategia sanchista de calificar estas normas como “blanqueamiento del franquismo”. En concreto, Fabian Salvioli es un amigo íntimo del ex juez Baltasar Garzón, el que también fuera alto cargo y candidato del PSOE, pareja de la ex ministra de Sánchez y ex fiscal general Dolores Delgado, y que precisamente hizo de la memoria histórica una de sus banderas durante su última etapa como juez antes de ser inhabilitado.

Fabian Salvioli ha escrito varios artículos, algunos publicados en diarios como La Vanguardia, defendiendo a su amigo Baltasar Garzón y pidiendo su reincorporación a la carrera judicial. Además, ambos han compartido varios foros tanto en Argentina como en España precisamente sobre memoria histórica defendiendo la versión de la izquierda.

PP: “no se han leído ni las leyes”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado el informe de los relatores sobre las leyes de concordia de PP y Vox indicando que "no vamos a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista ETA”. Además, ha dicho que "lo mejor que se puede hacer es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que aún no lo están en las comunidades autónomas”.

En similares términos se expresaba el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha destacado que desde que asumió el cargo ha firmado 422 exhumaciones de víctimas provocadas por la violencia de la "horrible dictadura franquista" y ha defendido que la Ley de Concordia “consolida los derechos de estas víctimas”. Por ello, ha considerado que quien firma el informe "ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la Comunitat Valenciana".