La Justicia se podemiza y muestra más respeto por Errejón que por el presidente

Finalmente, el próximo 26 de julio se producirá una fotografía inédita en la historia de nuestro país. Y una acusación popular, que ejerce un exalto cargo del PSOE, habrá logrado su objetivo: la imagen de un presidente del Gobierno en ejercicio declarando ante un tribunal. Será Mariano Rajoy, en calidad de testigo y ante los tres magistrados que enjuician el caso Gürtel.

Una decisión difundida este martes por la Audiencia Nacional y que llega tras un intenso debate jurídico entre sus tres miembros. Incluso con el voto particular del presidente de la Sala, Angel Hurtado, que considera "lo más adecuado" el sistema de la videoconferencia dado el perfil "institucional" del declarante y los muchos antecedentes similares en este sentido.

Sin embargo, sus compañeros José Ricardo de Prada y Julio de Diego impusieron su tesis de que Rajoy declare de forma presencial en la sede del tribunal en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, en un acto, afirman en su auto, "que se enmarca en la normalidad democrática y del Estado de Derecho".

El ex jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, fue uno de los últimos en declarar por videoconferencia. En el caso Nos

No obstante, según fuentes gubernamentales consultadas por ESdiario, el Gobierno recibió este martes con cierta "sorpresa" la decisión del tribunal después del escrito que el abogado del PP, Jesús Santos, le remitió reclamando la declaración por videoconferencia y desde su despacho, por razones de seguridad.

Sorpresa que la propia secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, convirtió en "rareza" en una conversación informal con periodistas en Portugal. Una decisión que también fue contestada en un amplio sector de la carrera judicial.

Pero una sensación de perplejidad por la doble vara de medir de la Justicia que contrasta con la euforia mostrada por algunos de los líderes de la oposición, como el propio Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Alberto Garzón y el republicano Joan Tardá, que rápidamente han visto réditos políticos en la decisión de los magistrados.

Videoconferencia: múltiples antecedentes

La declaración judicial a distancia de personalidades, cargos públicos o representantes institucionales es una práctica habitual. De hecho, al menos 15 de ellos recurrieron a este procedimiento en los últimos tiempos.

La propia Audiencia Nacional permitió el 3 de abril de 2014 declarar de esta forma al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, por los incidentes protagonizados por radicales que acabaron asediando el Parlamento de Cataluña en junio de 2011. Se da la circunstancia de que el presidente del tribunal era el propio presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska.

Mucho más reciente aún es la última declaración en este formato. La protagonizó el 16 de marzo del pasado año el que fuera jefe de la Casa del Rey en tiempos de Juan Carlos I, Alberto Aza, en el juicio por el caso Nóos.

Aza declaró desde una sede judicial de la Audiencia Nacional en Madrid mientras la vista se celebraba en Palma de Mallorca. De la misma forma y en este mismo juicio declaró el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

También la Audiencia Provincial de Castellón, durante el juicio por el caso Fabra, permitió la declaración mediante videoconferencia de Celia Villalobos, Miguel Arias Cañete, Jesús Posada, Rubén Moreno y Esteban González Pons.

Y en el caso Pujol hizo lo propio desde Barcelona el exsecretario general de Unió Democrática, Ramón Espadaler, que alegó problemas de agenda por la campaña electoral de las autonómicas catalanas de 2015.

Pero también otros dirigentes de partidos políticos pudieron declarar por videoconferencia. Así lo hicieron el exnúmero dos de Podemos, Iñigo Errejón y sus compañeras de Ejecutiva Carolina Bescansa y Gloria Elizo, esta última vicepresidenta cuarta del Congreso en la actualidad. Fue en octubre de 2016 en el marco de una demanda presentada por un dirigente de Podemos en Cataluña sancionado por la dirección del partido morado.

Pero también con el PSOE en el Gobierno fueron práctica habitual las declaraciones por videoconferencia. De esta forma se explicaron las exministras de Sanidad, Elena Salgado y Leire Pajín en la vista del caso Campeón. Fue en abril de 2012 y ante el propio Tribunal Supremo, que investigaba al exministro de Fomento, José Blanco, por un supuesto delito de cohecho y prevaricación.

Y en otro caso que afectó al PSOE, el caso Matsa, el tribunal autorizó a Manuel Chaves, entonces vicepresidente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a declarar como testigo por escrito.

Pero no sólo en los juicios con políticos como testigos se ha utilizado la videoconferencia. Por este procedimiento prestó declaración en la Audiencia Provincial de Madrid el ciclista Alberto Contador, en febrero de 2013, en el juicio por la Operación Puerto. Y también la cantante Marta Sánchez, en enero de 2015, en un proceso contra un falso representante artístico.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite en su artículo 412.2 al presidente del Gobierno -y algunos altos cargos más- declarar por escrito siempre que sea en causas que investiguen hechos acaecidos durante su mandato. Por ello, el tribunal del caso Gürtel descartó esta posibilidad ya que el sumario investiga la supuesta financiación irregular del PP cuando aún Rajoy no había llegado al Palacio de la Moncloa.

Además, la reforma del año 2004 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableció en su artículo 229 que las actuaciones judiciales "podrán realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes".

En 2014, la misma Audiencia Nacional permitió a Artur Mas declarar a través de plasma desde su despacho en la Generalitat

"La sola posición institucional del testigo, aconseja la utilización de la videoconferencia, por ser el medio menos perturbador para el desempeño de las funciones de su cargo, además de por razones de seguridad y/o de orden público", destaca el juez Ángel Hurtado en su voto particular.

Tras esta decisión del tribunal de Gürtel, Rajoy se convertirá el próximo 26 de julio en el primer presidente del Gobierno en declarar ante un tribunal en pleno ejercicio de su cargo. También lo hizo Felipe González por los GAL ante el Tribunal Supremo, pero cuando ya había abandonado la Presidencia.