Palo terrible: el cierre del grifo a Cataluña baja los humos a los secesionistas
A Mariano Rajoy se le ha acabado la paciencia y ha puesto a la Generalitat ante su verdadero drama. No habrá ni un euro público más para despilfarrar en un "procés" destinado al fracaso.
Tal como adelantó este pasado jueves el director de ESdiario, Antonio Martin Beaumont, la paciencia del Gobierno con la carpeta catalana se ha agotado. En la semana de la desbandada de varios altos cargos de la Generalitat, de la salida del director de los Mossos y su sustitución por un independentista militante, del demoledor informe contra la consulta del mismísimo letrado mayor del Parlamento catalán y de una nueva tentativa del Govern para comprar las urnas del 1-0, La Moncloa dio este viernes un golpe contundente sobre la mesa.
Lo anunció el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ante los sorprendidos periodistas. El Gobierno ha decidido, se puede decir así, intervenir la acción diaria de la Generalitat. Es decir, cerrar el grifo -que mantiene abierto a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)- si el gabinete de Carles Puigdemont no justifica semanalmente a qué dedica los fondos que le llegan desde Madrid. Es decir, que se cortarán de inmediato las ayudas si un solo euro público se destina a la organización del referéndum ilegal.
La Generalitat tiene pendiente de recibir en lo que queda de año 3.600 millones de euros de las arcas nacionales.
Prueba del desconcierto que reina en la Generalitat fue la tibia reacción de los de Puigdemont, y en especial el silencio de su vicepresidente económico, Oriol Junqueras. En su lugar, ambos recurrieron a su secretario de Economía, Pere Aragonés, que se limitó a advertir que ese cierre del grifo a Cataluña afectará a España en su conjunto en los mercados.
Cabe recordar que la Generalitat tiene previsto recibir 3.600 millones de euros del FLA para lo que resta de año. Desde que el Ministerio de Hacienda habilitó este canal de financiación en plena crisis de deuda y de la prima de riesgo, Cataluña ha recibido de las arcas nacionales más de 67.000 millones de euros. Son estas partidas las que permitieron a Artur Mas, primero; y a Puidemont, después, desbloquear el pago a proveedores y pagar las nóminas de los funcionarios y las pensiones.
La noticia salida del Consejo de Ministros cierra una semana horribilis para los independentistas. El informe del letrado mayor de la Cámara, Antoni Bayona, advirtiendo de la ilegalidad de la consulta supuso este jueves un torpedo en la línea de flotación del "procés".
Puigdemont, además, se desayunó este viernes con otra espantada, la de la número dos de la Consejería de Educación, María Jesús Mier, un departamento clave para la organización del referéndum del 1 de octubre, ya que tiene que garantizar la apertura de los colegios.
El CIS catalán sentencia: el 49% de los catalanes rechaza la independencia frente al 41%, que la apoya.
Por si fuera poco, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat sirvió este viernes a Puigdemont un sondeo demoledor. Según el CIS catalán, la brecha entre los no independentistas y los secesionistas se agranda hasta los ocho puntos. El 49% quiere seguir en España mientras el 41% esta a favor de la secesión.
Además, el sondeo revela que en unas hipotéticas elecciones, Junts Pel Sí y la CUP perderían la mayoría que ostentan en el Parlamento de Cataluña.