Vía libre al "Plan Pumpido" para el TC que levanta ampollas en la Judicatura

El Tribunal Constitucional ya está donde Pedro Sánchez quería. Con mayoría progresista para los próximos años, con su exministro de Justicia reconvertido en magistrado y con el histórico jurista afin al PSOE manejando los hilos.

Comienza la era Cándido Conde Pumpido en el tribunal de garantías. Y si el magistrado gallego fue el peón imprescindible de José Luis Rodríguez Zapatero en la negociación con ETA, ahora muchos miembros de la carrera judicial se temen lo peor: que lo vuelva a ser en los pactos ocultos de Sánchez con Esquerra para la deconstrucción de la España de la Transición.

La ofensiva ideológica del sanchismo parece a salvo con el nuevo TC. Pumpido garantiza el control sobre el aborto, la eutanasia, la ley educativa de Celaá y el uso del español en Cataluña

Porque con Pumpido y Juan Carlos Campo en la sede del órgano constitucional, la izquierda se garantiza un contrapoder para Alberto Núñez Feijóo si, como vaticinan las encuestas, el PP gana las elecciones generales de diciembre de 2023.

El nuevo Tribunal Constitucional de mayoría progresista estudiará los recursos contra las reformas clave para el sanchismo que atañen al Consejo General del Poder Judicial y al propio TC, contra la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas, o contra la ley del aborto.

Con la entrada de los candidatos del Gobierno -el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez- y del CGPJ -el magistrado del Tribunal Supremo César Tolosa y la magistrada jubilada María Luisa Segoviano-, cambia el tablero de mayorías en el TC.

Un inquietante 7 a 4

Hasta ahora, en el tribunal figuraban 6 magistrados del bloque conservador y 5 del progresista. El nuevo escenario cambiará para favorecer al ala progresista, que conseguirá reunir 7 magistrados. Los conservadores se quedarán con 4.

Con este cambio, el foco está puesto en la respuesta que dé el TC a los recursos presentados por Vox y PP contra las dos reformas operadas en los últimos años sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La primera, de marzo de 2021, prohibió a un CGPJ caducado -como el actual- hacer nombramientos discrecionales en los altos tribunales, mientras que la segunda, del pasado julio, devolvió al Consejo su poder para designar a sus dos candidatos al TC.

La primera reforma fue impugnada tanto por Vox como por PP. Ambos recursos fueron admitidos a trámite pero el fallo sigue pendiente. En la misma situación se encuentra el recurso 'popular' contra la segunda modificación. Algunas voces habían urgido al TC a resolver estas impugnaciones para despejar dudas en el contexto de la crisis generada en torno al CGPJ, si bien fuentes de la corte de garantías subrayan la necesidad de mantener al TC al margen del ruido político.

Con la entrada de los candidatos del Gobierno -el exministro Campo y la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez- y del CGPJ -el magistrado del Supremo César Tolosa y la magistrada jubilada María Luisa Segoviano-, cambia el tablero de mayorías en el TC.

A final del año, PP y Vox recurrieron también dos enmiendas incorporadas en la proposición de ley que deroga el delito de sedición y reforma el de malversación, por las que se rebajaba la mayoría con la que el CGPJ elige a sus dos aspirantes al TC y se eliminaban las barreras para que los dos candidatos del Gobierno pudiesen tomar posesión sin esperar a los dos del Consejo.

Conde Pumpido junto a Zapatero, en su etapa de fiscal general del Estado. Una carrera a la sombra del PSOE.

Otros recursos a la espera de fallo en el Constitucional son los presentados por Vox, el PP y Alberto Casero contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el diputado 'popular', que se sumó por error suyo a los síes.

Leyes y decretos en solfa

El TC también ha admitido pero no resuelto las impugnaciones del Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso y Vox contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto, que limita la temperatura de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados, respectivamente, en inmuebles de administraciones públicas, establecimientos comerciales, espacios culturales o transportes.

El Constitucional tiene igualmente sobre la mesa los recursos de PP y Ciudadanos contra la ley catalana que sortea la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que reafirma la obligación de que al menos el 25% de las clases en Cataluña sean en castellano. Vox también recurrió pero su impugnación no se admitió a trámite por un defecto formal.

Aborto, eutanasia y la ley Celaá de educación

En el plano social también hay varias decisiones pendientes que afectan y mucho a la corriente ideológica que representa el PP. La corte de garantías admitió los recursos de populares y Vox contra la ley que regula la eutanasia, que permite practicarla a pacientes que lo soliciten y que tengan un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".

Si Conde Pumpido fue el peón imprescindible de José Luis Rodríguez Zapatero en la negociación con ETA, ahora muchos miembros de la carrera judicial se temen lo peor: que lo vuelva a ser en los pactos ocultos de Sánchez con Esquerra para la deconstrucción de la España de la Transición.

A la espera de la decisión del TC, Vox alegó que la ley es inconstitucional porque, a su juicio, el Estado tiene como "primera obligación" defender la vida, no puede convertirse "en cómplice de la muerte", mientras que el entonces PP de Pablo Casado expuso que, con "125.000 fallecidos por coronavirus", en junio de 2021 no era el "mejor momento para abordar" este tema.

También se aguarda la respuesta del Constitucional al recurso presentado en 2010 por el PP contra la ley del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que supuso implantar un sistema de plazos, al que después se ha sumado un recurso de Vox contra la ley que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

Asimismo, sigue pendiente la respuesta a la impugnación de Vox contra la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia. Los de Santiago Abascal reprochan que se incluya la obligatoriedad de que todos los menores reciban "educación afectivo sexual", una medida que -dicen- "incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos".

Tampoco hay resolución sobre los recursos admitidos de Vox y PP contra la nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá -la ministra que la impulsó-. Casado calificó la norma como "un atentado contra la libertad" y contra la calidad y unidad del sistema educativo. En concreto, afeó que ataca al castellano como lengua vehicular en toda España, que permita "pasar de curso con más asignaturas suspensas" y que impida elegir centro educativo.