El Gobierno Sánchez suma ya 736 altos cargos y un coste disparado en plena ruina
El Ejecutivo prepara un "hachazo fiscal" -según el término empleado por el PP- mientras se niega a hacer un solo gesto de contención de gasto reduciendo su estructura, como sí lo hará Ayuso.
El Gobierno en su última foto de familia, tras la incorporación de Ione Belarra.
El PP ha retomado su ofensiva contra el Gobierno mastodóntico de Pedro Sánchez -el más extenso desde la legislatura constituyente- a raíz del "hachazo fiscal" que prepara el Ejecutivo y que según los populares va directo contra las clases medias. Pablo Casado ya le ha trasladado al presidente que no cuente con él para subir impuestos en "90.000 millones de euros" -según los cálculos de los populares- y lastrar la economía; sin haber hecho antes siquiera un gesto de contención, el más mínimo, en casa.
Es decir, sin haber metido la tijera en los ministerios, asesores y gastos superfluos del Gobierno de coalición, que integran Sánchez, cuatro vicepresidentas y 18 ministros más; a los que hay que sumar otros 713 secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, presidentes de entidades públicas... En total, y según el último informe de la Oficina de Conflicto de Intereses, al cierre de diciembre de 2020 había 736 altos cargos en activo.
Máxime teniendo en cuenta el cercano ejemplo de la Comunidad de Madrid: Isabel Díaz Ayuso reducirá el número de consejerías de 13 a 10, un compromiso que adquirió en campaña como ejemplo de "austeridad" ante una crisis de estas proporciones.
La basta estructura gubernamental se comerá este año un presupuesto de 752 millones de euros, porque además para 2021 el Gobierno se ha autoaplicado la subida del 0,9% acordada para todos los funcionarios de la Administración central.
Un ahorro sustancial
Los populares creen que el Ejecutivo puede ahorrar a las arcas públicas 71 millones si Sánchez reduce el organigrama a una Vicepresidencia y un máximo de 13 ministerios. Que no es más ni menos que lo que tenía Mariano Rajoy en su segunda legislatura antes de ser apeado de la Presidencia por la moción de censura de la que están a punto de cumplirse tres años.
Ello dejaría el coste anual del Consejo de Ministros en 681 millones de euros, una cantidad nada despreciable pero sustancialmente menor. Ese ahorro revertiría en algún programa de protección de social, donde siempre falta.
El último problema es el originado en las comunidades con los menores extranjeros no acompañados de Ceuta, que el Ministerio de Derechos Sociales quiere repartir por todas ellas (salvo Canarias). En Andalucía, el presidente, Juan Manuel Moreno, ha pedido habilitar fondos extra para asumir el coste.
En las enmiendas que los populares presentaron a los últimos Presupuestos proponían que esos 71 millones de euros fueran derivados a las comunidades para combatir la pobreza infantil. Sea como fuere, el PP quiere que no se los sigan comiendo asesores como María Teresa Arévalo, cuyo caso ha acabado en el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid: su titular investiga si hacía de niñera para Irene Montero cobrando un sueldo (53.000 euros) del Ministerio de Igualdad.
