El PP lleva a Fiscalía el contrato de Escrivá con la firma del marido de Calviño
Los populares ven “graves irregularidades” en el fichaje millonario de la morosa Beedigital destapado por ESdiario.
El portavoz del PP de Madrid, Alfonso Serrano, frente a la Fiscalía Anticorrupción.
Alfonso Serrano, portavoz del grupo popular en la Asamblea de Madrid, ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción los contratos y concesiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia la empresa que dirige el marido de su vicepresidenta Nadia Calviño y que ha destapado desde el pasado 31 de enero este diario, incluido el contrato concedido por el ministerio de José Luis Escrivá por un millón de euros en 2019, por sospechar “graves irregularidades”.
El escrito, en primer lugar, destaca la relevancia de que la empresa adjudicataria tuviera como director de marketing a Ignacio Manrique de Lara, marido de Nadia Calviño, y que previamente a su fichaje por la Seguridad Social en 2019 no hubiera tenido ningún otro contrato público.
La denuncia se hace eco de otro dato destapado por Esdiario que cuestiona frontalmente su legalidad: la empresa del esposo de Calviño tenía una deuda de 420.000 euros con la Seguridad Social cuando fue contratada por dicho organismo para mejorar su reputación online, algo que le inhabilita para ser beneficiaria de ninguna adjudicación pública.
La situación se mantenía cuando la Seguridad Social le renovó el contrato en 2020, año en el que adeudaba 374.000 euros precisamente al ministerio otorgante, que dirige José Luis Escrivá. Las deudas totales con el estado (Seguridad Social y Hacienda) eran 1,6 millones en 2019 y 884.000 euros en 2020.
En definitiva, la última cifra morosa con el estado equivalía a la suma otorgada (un millón de euros) a la empresa del marido de Calviño por su compañero de gabinete Escrivá.
La denuncia de Serrano incide en la última irregularidad aflorada por este diario: la Seguridad Social presuntamente no comprobó la cifra morosa de Beedigital con el estado porque dejó en manos del empresario la decisión de comprobar o no sus datos en lo relativo a estar al corriente de pagos con las administraciones públicas, condición indispensable legalmente para contratar con todo organismo público.
La denuncia recuerda que la Fiscalía y los tribunales han sido especialmente incisivos en la investigación de contratos públicos que tuviesen relación con la reputación online, como el suscrito por Beedigital con la Seguridad Social.
El portavoz del PP de Madrid, Alfonso Serrano, este jueves al presentar la denuncia en la Fiscalía contra los contratos del marido de Calviño.
Serrano, en su escrito, plantea la sospecha adicional de que este contrato del Gobierno socialista tuviese como objetivo oculto rescatar a la empresa del marido de Calviño, que tuvo 6,4 millones de pérdidas en ese ejercicio.
“Por si estas adjudicaciones no fueran suficientemente sospechosas de trato de favor”, el portavoz parlamentario popular recuerda que, como destapó en enero este diario, Beedigital ha sido acreditada por el ministerio de Calviño como agente digitalizador, lo que le convierte en forzoso mediador para la captación de subvenciones del fondo Kit Digital de la UE (3.000 millones) que gestiona precisamente la vicepresidenta.
Calviño al configurar estos intermediarios para cobrar sus ayudas digitales “ha creado un mecanismo y entramado para beneficiar a determinadas empresas, cuyo papel es obligatorio para ser posible beneficiario de una ayuda, que, curiosamente, resulta especialmente oportuno para la empresa vinculada al marido de la vicepresidenta primera Nadia Calviño”.
La denuncia se hace eco de una evidencia apuntada por este diario: Calviño no presentó su programa hasta el 25 de noviembre de 2021, pero ya el 11 de mayo de 2021 el CEO de Beedigital anticipaba en twitter su intención de convertirse en uno de los agentes digitalizadores del programa.
La denuncia incluye, además, una decena de contratos o pagos de subvenciones vinculados a la administración socialista relativos a la pandemia o bajo signo de favoritismo familiar que considera sospechosos.
“Ahora veremos si la justicia es igual para todos o si el Gobierno usa la Fiscalía para perseguir a los adversarios. 326 millones de euros, 7 empresas, 12 contratos plagados de irregularidades del Gobierno de España”, ha remachado Serrano.
