Ayuso derrota a Sánchez en la primera batalla de Moncloa contra Madrid

Nuevo varapalo para el Gobierno de Pedro Sánchez. Las comunidades autónomas han ganado el pulso a Hacienda en las reclamaciones de la liquidación del IVA correspondiente a un mes de 2017. Un mes que el Gobierno central no reconocía y que se negaba a devolver, motivo por el que muchas regiones afectadas llevaron al Ejecutivo a los Tribunales.

Ahora, Sánchez ha tenido que recular y devolver ese dinero que lleva casi cuatro años paralizado. Eso sí, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con las comunidades para que no recurran en los tribunales ni emprendan nuevas acciones legales este retraso en los pagos y que todo “quede en casa” a partir de ahora. El Gobierno de coalición no quiere más líos y busca de este modo el “acuerdo” y pagar cuanto antes.

Una de las primeras en celebrar la medida, ya que es de las que más dinero tiene que recuperar, es la Comunidad de Madrid. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobará este miércoles un acuerdo con el Estado por el que recibirá 400 millones de euros por ese mes en el que el Gobierno central evitó pagar el IVA. Un acuerdo que la propia presidenta autonómica ha celebrado en su perfil oficial de Twitter: “Teníamos razón. Por fin recibiremos lo que nos debían”.

Lo mismo ha hecho el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Su presidente, Pere Aragonés, ha aceptado no llevar a los tribunales al Gobierno de Sánchez, a cambio de que se abonen los 526,8 millones de euros pendientes. El “govern” se compromete por tanto a no recurrir a la justicia en este asunto y a cerrar las causas que tiene abiertas contra el Gobierno central en estos momentos, en concreto en la Sala Contenciosa Administrativa de la Audiencia Nacional.

Andalucía también se suma a estas comunidades y aceptará las condiciones del Gobierno para recibir el IVA que le debe desde el año 2017. El gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla recibirá un total de 564 millones de euros, 30 de ellos correspondientes a los intereses de demora. Para el líder andaluz esto demuestra que "uno no se puede quedar callado" ante los agravios y ha pedido "reflexión" a Sánchez y a su Gobierno para "evitar que sus decisiones, que a veces tienen un tinte partidista, supongan un castigo para los contribuyentes”.

Otras comunidades ya han anunciado que recuperarán también esa deuda que tiene el Estado con el IVA del 2017. Por ejemplo, la Xunta de Galicia ha asegurado que aceptará las condiciones para el pago de 207 millones de euros, al igual que Cantabria y Castilla-La Mancha, esta última con 204 millones de euros totales que pretende ingresar de nuevo en sus arcas.

La explicación por la que el Gobierno central esquiva el pago de la deuda

Con este acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas, el Estado tiene previsto compensarlas con 3.500 millones de euros en total, según datos del propio Ministerio de Hacienda. Una deuda que no solo afecta a gobiernos regionales, también a los ayuntamientos. De hecho, de ese presupuesto total para acabar con la deuda, 500 millones serán para los gobierno locales.

Además del sistema de financiación ordinario, con este ingreso y otros extraordinarios, se espera que las autonomías reciban este año casi 7.000 millones de euros "extra", así como 10.700 millones a mayores, procedentes de los fondos europeos para la recuperación económica.

Con este acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas, el Estado tiene previsto compensarlas con 3.500 millones de euros en total, de los cuales 500 irán destinados a los ayuntamientos

El motivo por el que Sánchez se ha negado estos años a pagar este mes de IVA a las comunidades, reside en una decisión tomada por Mariano Rajoy en 2017. En aquel año, el Ejecutivo del Partido Popular instaló una reforma en el proceso de gestión del IVA, utilizando medios electrónicos.

Por motivos técnicos, los ingresos por autoliquidaciones de noviembre se atrasaron al 30 de diciembre, contabilizando ya en 2018 a ojos del Estado. Por ello, el año 2017 se cerró con 11 meses de pagos, y uno “en el limbo”. Por ello, gobierno regionales como el de Castilla y León y Galicia acudieron a la justicia para que obligase al Estado a abonar ese mes pendiente, el cual supuso una merma importante en los ingresos anuales de las autonomías. De hecho estas dos comunidades obtuvieron el fallo favorable del Tribunal Supremo.

Visto el revuelo que había formado la deuda pendiente del Estado con las comunidades autónomas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trató de salir al paso explicando que ese dinero “ya no existía”. Aseguraba que, como se trataba de un cambio técnico fruto de una reforma para modernizar el proceso, ese dinero ya no estaba en lo presupuestado.

Unas explicaciones que desataron las críticas de las autonomías, muchas de ellas decidiendo llevar a los tribunales al Gobierno. Motivo por el que Montero cambió de excusa y echó las culpas al gobierno del Partido Popular, asegurando que "esta situación deviene de una actuación de Montoro”.

Sin embargo, desde que Sánchez llegó al poder en 2018, la Administración no ha hecho ningún intento por regularizar los pagos pendientes. Hasta hoy, que las denuncias, reclamaciones y recursos judiciales presentados por los gobiernos regionales han hecho que el Ejecutivo esté “ahogado” legalmente.