El juez del "caso Koldo" pide a Puente que le facilite mails de dos altos cargos
El instructor de la Audiencia Nacional reclama al Ministerio de Transportes, a petición de la Guardia Civil, los correos corporativos que podría demostrar que Ábalos conocía los manejos.
Al igual que el caso Begoña, el caso Ábalos se mueve en los juzgados. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha pedido al Ministerio de Transportes que facilite a la Guardia Civil copia del contenido de todas las carpetas de correo electrónico corporativo del actual subsecretario del departamento, Jesús Manuel Gómez García, y del que fuera director general de Organización e Inspección del Ministerio, Javier Sánchez Fuentefría, actualmente director general en Hacienda.
En un auto de este mismo miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, ordena a los agentes que se desplacen a la sede del Ministerio situada en el Paseo de la Castellana y recopilen todos los mensajes intercambiados entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de ese mismo año.
El magistrado explica en su auto que tanto Gómez como Sánchez, según consta en los oficios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habrían participado "en la gestión de los contratos investigados" junto con el que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y el director general de gestión de personas de ADIF, Michaux Miranda.
Son los propios agentes los que han solicitado al magistrado que dé la orden de recabar esos mensajes. "En el oficio solicitante se apuntan indicios que apuntan a que la subsecretaría del Ministerio de Transportes tuvo un papel relevante en que la contratación de Soluciones de Gestión -la principal empresa investigada- fuese transmitida a sus entes dependientes, Puertos del Estado y ADIF", apunta el auto.
En el informe, los agentes hacen referencia a Sánchez Fuentefría y a Gómez García. La Guardia Civil destaca el "papel clave" de Sánchez Fuentefría en que la contratación de Soluciones de Gestión -la empresa que la presunta trama utilizaría para conseguir los contratos que ahora se investigan- fuese "transmitida a sus entes dependientes de Puertos del Estado y ADIF".