El Gobierno se desentiende y será el Supremo el que decida las restricciones
El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que permitirá a las Comunidades acudir al Alto Tribunal si los juzgados regionales tumban las medidas propuestas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El Gobierno se desentiende completamente de las medidas restrictivas una vez que decaiga el estado de alarma este próximo día 9 de mayo. No hay plan B, sino que simplemente el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto por el que las Comunidades podrán acudir al Supremo si los tribunales regionales tumban las medidas propuestas por cada uno de los gobiernos autonómicos.De hecho, al igual que ocurrió tras el primer periodo del estado de alarma, las Comunidades necesitarán el refrendo de los tribunales superiores para poder establecer las limitaciones que consideren necesarias para poder controlar la pandemia, provocando un sinfin de situaciones diferentes, ya que en algunos casos se anularon sus propuestas.
Así ocurrió en Castilla y León cuando el Gobierno regional intentó implantar un toque de queda a las 20.00 horas que fue recurrido por el propio Ejecutivo de Sánchez y posteriormente tumbado por los tribunales.
Ahora, el Gobierno intenta que sea el Supremo el que tenga la última palabra, utilizando el mismo critero para todas las autonomías, pero desentendiéndose por completo de la gestión de la pandemia, ya que encima de la mesa están cuestiones de complicado encaje jurídico como el toque de queda y los cierres perimetrales, que limitan los derechos fundamentales y que deberán ser evaluados por el Alto Tribunal.
El toque de queda y los cierres perimetrales, en el punto de mira
De hecho, los juristas ya advirtieron de que una vez que decaiga el estado de alarma las comunidades autónomas pueden ordenar restricciones por razones de salud pública, pero siempre que no afecten a los derechos fundamentales.
Con esta opinión coinciden fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por Europa Press, que insisten en que, aunque es más complicado que existiendo un estado de alarma, las comunidades autónomas podrían adoptar algunas medidas con aprobación judicial, dadas sus competencias en sanidad. Las restricciones de movilidad en todo caso se podrán llevar cuando acabe el estado de alarma al Consejo Interterritorial de Salud.
Por otra parte, en el mismo Consejo de Ministros se ampliará lo que el Gobierno denominó 'escudo social'. Se mantendrá la suspensión de los desahucios y la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, además de la prohibición en los cortes de suministros eléctricos.
