Chaves no es Rita: el juez de los EREs salva al PSOE de un escándalo en campaña

Qué distintos PP y PSOE. A los populares no hay campaña en la que no les estalle una causa judicial -o varias- en las manos. A los socialistas parecen barrerles las suyas bajo la alfombra para que no les estorben cuando hay elecciones de por medio.

A este paso el PSOE de Andalucía va a acabar poniéndole un monumento al magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, el instructor de las seis primeras piezas de la macrocausa de los EREs. Porque mientras el Tribunal Supremo ha abierto una causa contra la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en Andalucía ha ocurrido algo bien distinto.

El juez Martín ha decidido ampliar hasta el 15 de octubre el plazo para que la Fiscalía Anticorrupción y el resto de las acusaciones de la causa contra Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros 24 exaltos cargos de la Junta de Andalucía presenten sus escritos de conclusiones provisionales.

Las acusaciones debían haber presentado sus conclusiones contra Griñán y Chaves en plena campaña del 25-S

Lo ha hecho aludiendo a la "complejidad" de la instrucción; pero, ¿dónde está el truco? En que dichos escritos debían haberse conocido este jueves, 15 de septiembre, con la sacudida que ello habría supuesto para la campaña de las elecciones gallegas y vascas, en las que todas las encuestas vaticinan un severo batacazo del PSOE. Que, de paso, el PP confía en que haga recapacitar a Pedro Sánchez sobre su bloqueo.

Prolongado el plazo hasta el 15 de octubre, Sánchez se evita el disgusto de que el mayor caso de corrupción que ha conocido el PSOE -y que afecta de lleno a dos de sus expresidentes- arruine su ya de por sí endeble campaña, con En Marea y Podemos Euskadi anunciando sorpasso.

Al PP la maniobra del juez Álvaro Martín con el PSOE le huele a chamusquina. Máxime después de lo suyo con el caso Barberá, que para más inri será instruido por el exfiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido, cuya "animadversión" hacia el PP consideran más que probada.

Desde luego los antecedentes del magistrado Martín alimentan las dudas. En marzo, él mismo retrasó tres días la publicación de una providencia en la que citaba a declarar como investigados (la figura jurídica que ha sustituido al imputado) a Chaves y Griñán, como contó entonces ESdiario.

Aquel escrito debía haberse conocido el viernes en que Pedro Sánchez se sometía al debate y votación definitiva en el Congreso de su fallida investidura, con el bombazo que ello habría supuesto. Pero en lugar de eso, y oportunamente para el PSOE, el juzgado lo dio a conocer el lunes siguiente.

Desde que la juez Mercedes Alaya abandonó la instrucción y ésta quedó en manos de los magistrados María Núñez Bolaños -la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla- y Álvaro Martín -el refuerzo-, la macrocausa no hace más que acumular imprevistos y retrasos. Ha estado más de cinco años en fase de instrucción, ha pasado por las manos de cinco jueces y de momento el juicio oral sigue sin fecha. Chaves y Griñán se sentarán en el banquillo acusado de un "delito continuado" de malversación de caudales públicos... pero no se sabe cuándo.

La lentitud está provocando que algunos de los encausados salgan limpios y sin devolver siquiera el dinero. En marzo se produjo el archivo de las acusaciones contra 12 empresarios supuestamente beneficiados por las ayudas fraudulentas porque los delitos de los que se les acusaban habían prescrito diez años después. Luego vinieron más. Los investigadores de la Guardia Civil se desesperan; la oposición, también.