Vox se persona en la causa del 8-M para desactivar a la Fiscalía de Sánchez
Son ya varias las peticiones que ha recibido la juez instructora para ser acusación popular, entre ellas del partido de Abascal, que vio venir la jugada del Ministerio Fiscal de lejos.
El delegado del Gobierno en Madrid (arriba a la derecha) en la manifestación del 8-M.
Esta vez, Macarena Olona preferiría haberse equivocado. Pero acertó. La secretaria general del grupo parlamentario de Vox denunció el lunes de la semana pasada en esRadio las maniobras de la Fiscalía General del Estado para que la juez Carmen Rodríguez-Medel dé carpetazo a la causa del 8-M, y este lunes se confirmó.
Un día antes de que el delegado del Gobierno declare ante la magistrada instructora como investigado, la propia Olona anunció este martes la intención de Vox de personarse en la causa que se inició después de una querella presentada por el abogado Víctor Valladares.
Para que el proceso continúe si la juez así lo considera oportuno es necesario que exista una acusación popular. Ha habido varias peticiones para ello, entre ellas de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional y de Vox.
La número dos de la formación de Santiago Abascal en el Congreso anunció además que su partido ha pedido la comparecencia en la Cámara de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y del fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, para que expliquen si han "sometido a presiones" hasta conseguir "torcer el brazo" a los fiscales adscritos al Juzgado de Instrucción 51 de Madrid.
Las sospechas de Vox son fundadas porque el escrito que presentó este lunes la Fiscalía Provincial de Madrid pidiendo el archivo de la causa no llevaba firma alguna, un hecho insólito, lo que hace pensar que partió directamente de instancias superiores.
Según Olona, es evidente que el Gobierno intenta convertir la Fiscalía en su Fiscalía.
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, deberá personarse en el juzgado este miércoles a las 15.30. Después declararán como testigos el secretario general de la Delegación, Fernando Talavera; el director del Gabinete Técnico, Luis María Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.
El jueves, a partir de las 9.00 horas, la juez instructora continuará con la ronda de testigos y escuchará a otros cinco trabajadores de la Delegación del Gobierno, entre ellos el jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez.
La magistrada Rodríguez-Medel escuchará también a los promotores de una decena de manifestaciones que aparecen en el informe de la Guardia Civil y que, supuestamente, después del 8-M empezaron a recibir extraoficialmente llamadas de trabajadores de la Delegación que no quedaron registradas en ninguna parte instándoles a desconvocar motu proprio las manifestaciones de los días siguientes.